Control político no debe ser para atemorizar a fiscales

Intervención. Coordinadora del sistema judicial anticorrupción sostuvo que en momentos en que la Fiscalía realiza una gran investigación como Lava Jato no es adecuado cuestionar a la cabeza de la institución.

10 Nov 2017 | 6:55 h

Los mecanismos de control político parlamentario deben ser utilizados correctamente, no para atemorizar a jueces y fiscales, advirtió la coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Susana Castañeda Otsu.

Esto en referencia a la denuncia constitucional que ha presentado el congresista Daniel Salaverry Villa (FP) contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

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Castañeda cuestionó que dicha iniciativa se presente precisamente cuando el Ministerio Público investiga el caso Lava Jato.

“Este momento en que se ejecuta una gran investigación por parte del titular del Ministerio Público y los fiscales provinciales, no es adecuado para que se esté cuestionando a la cabeza de la institución que la ejecuta. Más bien, es momento para que la sociedad esté unida al igual que los poderes del Estado porque tenemos que enfrentar algo en común”, reclamó la magistrada durante su intervención en el congreso internacional sobre criminalidad organizada y corrupción de funcionarios.

La jueza superior puso en cuestión que nuestra sociedad aún no se involucre en la lucha contra la corrupción como sí lo hacen los brasileños.

Apoyo ciudadano

Castañeda relató que en Curitiva, Brasil, la población apoya a sus jueces y fiscales, y está vigilante frente a proyectos de ley que pretendan obstaculizar la labor del Poder Judicial.

“La sociedad civil tiene que estar atenta a que casos de corrupción sean bien llevados. Debe ir a las audiencias, vigilar a jueces, fiscales y abogados. Este no es un tema de un grupo sino de la sociedad”, anotó.

A su turno, el juez brasileño del caso Lava Jato, Leandro Paulsen, dijo que las investigaciones avanzan con suficiente presupuesto y que los jueces tienen prerrogativas garantizadas por la Constitución.

Indicó que el fraccionamiento de la investigación es una estrategia del Ministerio Público brasileño con el fin de pesquisar a los agentes económicos y políticos involucrados. “Los jueces del Perú pueden contar con los jueces brasileños”, afirmó.

El dato

-Giovanni Tartaglia, magistrado italiano, refirió que en su país los bienes embargados a los corruptos revierten a la colectividad porque se le devuelve lo que le quitaron. En el Perú pasa al Estado.

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