Reforma electoral en el Congreso no alza vuelo

Vacíos. La modificación propuesta deja abierta la posibilidad de que los partidos obtengan todos sus fondos en cocteles y, si son financiados por delincuentes, no sean excluidos del proceso, sino solo multados.

6 Oct 2017 | 6:28 h

Ghiovani Hinojosa

Si la reforma electoral fuera una bebida, sería un café descafeinado. La modificación de siete artículos de la Ley de Organizaciones Políticas en el Congreso el miércoles pasado, si bien avanza en algunos aspectos, no resuelve los problemas de fondo, indican especialistas consultados por La República.

Según el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, dentro de lo auspicioso que acaba de ser aprobado está la nueva versión del artículo 30, que ordena: “Todo aporte privado en dinero que supere una Unidad Impositiva Tributaria se realiza a través de entidades del sistema financiero”.

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Si alguien quisiera donar más de 4.050 soles tendría que depositarlos en una cuenta bancaria abierta por el partido para la ocasión.

Otro punto positivo de la reforma, que está pendiente de una segunda votación, sería el añadido del inciso f al artículo 31, que prohíbe los aportes de condenados por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo.

El veto pesa también sobre quienes tienen prisión preventiva y se extiende hasta 10 años después de la condena.

El Poder Judicial sería el encargado de proveer a los partidos y a los organismos electorales una base de datos de los inhabilitados. El problema, indica Távara, está en la sanción que tendrían las organizaciones políticas que incumplan la medida: solo una multa de entre 31 y 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, un máximo de 243 mil soles.

“La sanción tendría que ser la suspensión del derecho del partido a competir en las elecciones”, opina.

Otra modificación, que tiene problemas de aplicabilidad, es la del artículo 42, que dispone que un candidato que entregue dádivas a sus electores sea sancionado con 121.500 soles y luego, si reincide, excluido del proceso.

El año pasado en las elecciones generales participaron unos 2.500 candidatos, una cifra que se multiplicaría por 40 en los comicios regionales y locales de 2018, en los que se calculan 100.000 aspirantes.

“Necesitarías un ejército de funcionarios electorales recorriendo todo el Perú para vigilar la entrega de dádivas”, comenta Gerardo Távara.

Financiamiento privado 

El miércoles pasado se prohibió cualquier aporte de personas jurídicas con fines de lucro, nacionales y extranjeras. La idea es impedir que los partidos reciban dinero de empresas y se comprometan así con sus intereses.

A las personas naturales se les subió el monto que pueden donar a 120 UIT, equivalentes a 486.000 soles. Así, todavía queda la opción de que si alguna empresa quiere apoyar a una agrupación lo pueda hacer a través de testaferros.

Para el politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, el tema de fondo con el financiamiento “no tiene que ver tanto con prohibiciones o sanciones”; lo más importante, señala, es buscar que los partidos puedan solventar sus gastos.

En una campaña electoral, los partidos destinan gran parte de sus fondos recaudados en pagar publicidad en medios, sobre todo en la televisión. Así, Tuesta explica que una reforma de fondo sería ampliar la franja electoral y prohibir la compra de espacios publicitarios por fuera de ella, algo que ya se practica en Brasil, México y Chile.

En vez de abordar un tema como este, el pleno del Congreso acordó que los partidos puedan recibir hasta 250 UIT (1.012.500 soles) por cada coctel, rifa u otra actividad de captación de fondos, sin precisar cuántas de estas “actividades proselitistas” se pueden hacer en un mismo proceso o cuánto dinero en total se puede recaudar por esta vía.

Távara recalca que con esto “podría suceder que una organización política diga que el 100% de su dinero lo obtuvo a través de rifas”. Y se deja en el aire la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad de limitar los fondos obtenidos por actividades proselitistas al 10% del total del financiamiento. 

En cifras

486 mil soles es lo máximo que puede aportar a los partidos una persona natural.

121.500 soles de multa se le impondrá a un candidato que haga entrega de dádivas.

Internas

No vinculante. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta semana un dictamen para que los organismos electorales intervengan en las elecciones internas de los partidos solo “si así lo requiere la organización política”.

Inercia. La medida fue aprobada con el respaldo de Fuerza Popular y del APRA, y no constituye un cambio sustancial en materia electoral.

Cambios en la Ley 28094

Fondos sin límite. Los partidos políticos podrán obtener el 100% de sus recursos por actividades proselitistas como cocteles, polladas o rifas, porque el nuevo texto no lo limita.

Tolerancia. Si un candidato regala víveres, se le multará primero y luego, si reincide, se le excluirá del proceso. El JNE tendrá la tarea titánica de vigilar a 100.000 candidatos el 2018.

Obligación. Los aportantes de dinero deberán depositarlo en una cuenta bancaria abierta por el partido. El banco identificará tanto al que entregue como al que retire los recursos.

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