En el Perú vivimos momentos especialmente delicados en el ámbito de la política. Ciertamente, si las autoridades peruanas se comportan a la altura de su misión y esclarecen los poco claros negocios entre entidades peruanas y extranjeras para dotarnos de infraestructura, contribuirán de modo decisivo para juzgar la honestidad de personas que con su actuación reprochable han traicionado a su conciencia, a la sociedad a la que deberían servir y a la comprensión de la política como virtud social. Ahora bien, cabe preguntarse si las autoridades: Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial honrarán cabalmente su compromiso de investigar y hacer frente a la corrupción. Señalamos esto, pues lamentablemente la desvinculación respecto del bien colectivo pareciera constituir un elemento reiterado en la conducta de funcionarios y políticos. Es penoso, pero hay que señalarlo: la ciudadanía se pregunta si existe una genuina voluntad política en los diferentes espacios del Estado para entablar una lucha firme contra la corrupción y si, según tal orientación, esos delitos finalmente serán declarados imprescriptibles. Todo apunta a señalar que nuestro país ha sido un escenario importante en la historia de transacciones ilegales. Es doloroso pensar que aún varios expresidentes de la República podrían estar involucrados en casos de soborno y en otras actividades ilícitas asociadas a criticables prácticas en el manejo de los fondos públicos. Pues bien, no podemos quedar impasibles en estas circunstancias: se hace imperativo honrar el derecho a la verdad que asiste a todos los peruanos: necesitamos saber hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción en la política y en las grandes empresas para extender el brazo de la justicia hasta donde sea menester. Según el juicio de los expertos, en los años noventa, los peruanos padecimos el gobierno más corrupto de nuestra historia republicana. La corrupción se institucionalizó y sistematizó a niveles que no encuentran precedente en otros períodos. El conocimiento de tales crímenes movilizó a la opinión pública, pues ella comprendió, con acierto, que la corrupción lesiona irremediablemente al sistema democrático. A casi dos décadas de que acabara esa patología política podemos constatar hoy que, por desgracia, el binomio política corrupción no se ha fracturado, que ha sobrevivido al régimen de Fujimori y al parecer ha asumido otras formas dentro de regímenes democráticos. Sin embargo, vayamos con cuidado. Quienes defienden el autoritarismo de los noventa están interesados en difundir la idea de que todos los grupos políticos se hallan contaminados con el virus de la corrupción. Esa es una maligna interpretación que se nos quiere aceptemos, pues, si ello fuera así, entonces el crimen se concebiría como una epidemia que atenúa sutilmente las culpas y que lleva a algunas personas a asumir una insana resignación frente a un flagelo que solo puede debilitar a la sociedad y a la democracia. Es de justicia que los ciudadanos que deseamos conocer las redes de la corrupción en la política peruana busquemos con acierto y sepamos separar la paja del trigo, sin ceder al espejismo que propone que la política es intrínsecamente inmoral. En fin, no olvidemos que el problema de la corrupción dentro de la política involucra a todos los peruanos, quienes debemos tomar la responsabilidad de ser ciudadanos: personas conscientes de sus derechos, cumplidoras de sus deberes y atentas a la buena marcha de las autoridades en su necesaria búsqueda del Bien Común.
