Contrasentido. En tanto, trabajadores denuncian que el liquidador de DRP, Dirige, solo se llena los bolsillos a costa del esfuerzo laboral. Esta empresa fue denunciada ante el Indecopi. Se convocó a Junta de Acreedores para el 19 y 24 de agosto.,Honrando su compromiso con el pueblo de La Oroya, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a través de su gabinete le dio una salida a la situación de la empresa Doe Run Perú, pero eso no será todo pues el mandatario pondrá especial énfasis en el campo laboral. PUEDES VER: El Ejecutivo propone que liquidaciones en marcha se extiendan hasta 4 años La propuesta para modificar un artículo de la Ley Concursal, a fin de que las liquidaciones duren cuatro años y no dos como es actualmente, fue enviada al Congreso y se espera su aprobación en el pleno cuanto antes. Kuczynski se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de ampliar este plazo que posibilitaría prolongar por dos años más la liquidación en marcha de Doe Run. "Si el 27 de agosto no se prorroga la liquidación en marcha (de DRP), los trabajadores tendrán que irse a la calle y eso es lo que estoy tratando de impedir", manifestó. El plazo para la liquidación en marcha de DRP vence el 27 de agosto, por ello el Ejecutivo presentó este proyecto de ley que permitirá ampliar el proceso hasta agosto del 2018. "Creo que esto (Doe Run) tiene un gran potencial de trabajo, se puede mantener estos puestos de trabajo y crear más porque tenemos al lado una gran mina de cobre", acotó Kuczynski. Actualmente, los principales activos de DRP, como son el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza, generan empleo a 2.190 trabajadores. Sin embargo, ninguno de ellos cobra el íntegro de su sueldo pues apenas 900 trabajadores reciben el 70% de su salario mensual y a 1.290 no se les paga nada. Se pudo conocer que la deuda laboral asciende actualmente a US$ 37 millones por sueldos dejados de pagar, mientras que por cada mes que pasa esta deuda se incrementa en US$ 3 millones. Se estima que directa e indirectamente se benefician de las operaciones de Doe Run unas 60 mil familias, que es todo el pueblo de La Oroya. Luis Castillo, representante de los trabajadores de DRP, saludó los recientes anuncios del Ejecutivo, pues explicó que ya son 7 años en los que este tema, por falta de voluntad política, no avanza. Propuesta del ejecutivo El proyecto de Ley Nº 02/2016-PE presentado hace dos días por el Ejecutivo propone modificar el numeral 74.2 del artículo 74 de la ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal. En la explicación de motivos se detalla que si bien es razonable establecer un plazo límite para esta situación (liquidación en marcha) y no extenderla en forma indefinida, la experiencia ha demostrado que en casos de liquidaciones complejas establecer plazos cortos y no dar flexibilidad a la Junta de Acreedores, que es la principal interesada en decidir el destino de la empresa, no es lo más adecuado. "La situación se agrava cuando, como ocurre en los últimos años, se presenta un proceso de desaceleración de la economía global que puede dificultar identificar compradores", señala el proyecto. Por ello, refiere que en todo caso si los acreedores en cada situación concreta juzgan que es mejor para el proceso extender el plazo no hay razón para que esta no tenga una mayor flexibilidad y que el plazo sea más amplio. Ayer en Junta de Acreedores, con la presencia del 90% de los acreedores, no se tomó ningún acuerdo y se convocó para los días 19 y 24 de agosto a nuevas juntas. Denuncian a Dirige ante el Indecopi De manera formal ayer los acreedores laborales de Doe Run (trabajadores) presentaron ante el Indecopi una denuncia en contra del actual liquidador de DRP, Dirige, por el incumplimiento de la Ley Concursal y de convenio de liquidación. "Solicitamos un procedimiento sancionador contra Dirige por haber incumplido en la venta de ferritas. Pedimos que se sancione y salga de la administración de DRP porque no ha cumplido con vender los activos en los 11 meses", aseveró Luis Castillo, representante de los acreedores laborales. Agregó que por estos 11 meses infructíferos Dirige ha cobrado US$ 5,5 millones, "en perjuicio de la empresa y trabajadores", denunció. "Solicitamos al Indecopi que como ya hay una nueva administración que lo haga de la manera más rápida posible y no esperar 600 días como en el caso de Right Business. Pedimos sanción objetiva y la más rápida posible", indicó.
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