Exguerrilleros de las FARC explotan a comunidades del Putumayo

Exintegrantes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora autodenominados Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB), mantienen bajo control grandes extensiones de cultivos de hoja de coca en los distritos de El Estrecho y Teniente Manuel Clavero, en la provincia de Putumayo (Loreto), según comprobó La República durante una incursión de incógnito durante 15 días.

Los grupos armados que pertenecían al Frente48 de las FARC, cuyas actividades se desplegaban en la frontera colomboperuana, rechazaron acogerse al acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y se negaron a desmovilizarse en 2016. Para financiar sus acciones se dedicaron a alentar los cultivos de hoja de coca y a producir cocaína, lo que estimuló el crecimiento de los sembríos en el Putumayo peruano.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), los cultivos de hoja de coca se han extendido considerablemente en la zona peruana del Putumayo, entre 2017 y 2021. De 1.344 hectáreas a 2.193. Un incremento de 37.3%. La totalidad de la producción se destina a la elaboración de cocaína.

Sin embargo, los grupos armados se enfrentan con el problema de la falta de mano de obra para cosechar la hoja de coca en los cultivos bajo su dominio, en territorio peruano. La República ha recogido testimonios en los distritos de El Estrecho y Teniente Manuel Clavero sobre las modalidades que emplean los colombianos para reclutar a trabajadores en localidades y comunidades de los mencionados distritos.

Por un lado, ofrecen una mensualidad de 2 mil 400 soles, cifra muy atractiva en una zona donde la mayoría de la población vive en pobreza y extrema pobreza. Durante el periodo de labores, los “raspachines”, como se les denomina, tienen prohibido salir del lugar. La jornada se inicia al romper al día y culmina con las últimas luces del sol. Y se desarrolla con las características de trabajo forzoso (abuso de vulnerabilidad, aislamiento, restricción de movimiento, intimidación y amenazas). El trabajo forzoso es una nueva forma de esclavismo (desde 2017, en el Perú se le considera un delito).

Los trabajadores todo el tiempo se encuentran bajo vigilancia por parte de hombres armados con fusiles y son advertidos de no hacer ninguna referencia a la ubicación de los cocales y mucho menos entablar conversaciones con personas extrañas. Por esta razón, La República ingresó a la zona bajo una cubierta para contactar con los pobladores.

“A los raspachines (cosechadores) se les paga 15 mil pesos (18 soles, aproximadamente) por una arroba (11.5 kilos). Un raspachín (cosechador) bueno puede hacer entre 17 (340 soles) y 20 arrobas (360 soles) al día. Por eso, a la gente le gusta raspar. Y si te metes al grupo, hay unos que pagan hasta 2 millones de pesos mensuales por estar en sus filas (de la guerrilla). Pero es de acuerdo con la categoría. Lo mínimo es 2 millones de pesos (2.400 soles aproximadamente). Y si ya tienes dinero, puedes comprar unos kilos (de droga) y vas mandando. Hay algunos que se meten a los grupos por estar seguros, o porque ya han matado o les gusta matar. A los que ingresan a sus filas se los llevan para la zona de Pacora. Todas andan armados. Ellos caminan con sus armas”, declaró un testigo a La República.

Otra forma de reclutamiento de los guerrilleros colombianos es la entrega de un dinero o “garantía” a los padres de los jóvenes que son llevados a los cultivos de hoja de cosa. El monto luego debe ser retornado íntegro, cuando el muchacho es devuelto a su hogar. Pero a veces los padres, por la situación de pobreza, se gastan la “garantía”, por lo que el joven regresa a los sembríos para pagar la deuda con su trabajo, relataron los testigos.

Un alto mando de la Dirección Antidrogas de Iquitos, con jurisdicción sobre el Putumayo, confirmó el incremento de las actividades del narcotráfico bajo la tutela de los disidentes de las FARC.

“Secuestro no es. Los dueños de sembríos van a las comunidades y reclutan a los pobladores a cambio de un pago. Así se incorporan a la actividad de recolección de la hoja de coca. En estas zonas fronterizas como el Alto Putumayo hay poca población. Todos se conocen. Entonces, cuando queremos hacer inteligencia, nuestra presencia, o de las Fuerzas Armadas, se hace notoria y no podemos recoger información de fuentes humanas. Se hace difícil”.

Laborar en los cultivos de hoja de coca bajo las condiciones de trabajo forzoso alcanza incluso a los estudiantes que encuentran una oportunidad para obtener ingresos para sus familias. Un profesor de la zona narró que permitía que se ausentaran los escolares, porque las necesidades son muy apremiantes en las localidades y comunidades del Putumayo. Por eso, él mismo admitió que estuvo en los cocales de los autodenominados Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano (CDF-EB).

“Yo les doy permiso a los alumnos para no meterme en problemas. Dicen: ‘Profesor, por favor, puede darnos permiso porque usted sabe que no tenemos para comprarle comida a mi familia, su ropita. Les doy permiso y vuelven ganando más de lo que yo gano al mes como profesor. Yo también me he ido a raspar (cosechar), es buena plata, en una semana sacas lo de un mes”, explicó.

Pero el narcotráfico no llega solo. Aparece acompañado de violencia. En las localidades y comunidades en las que incursionó La República, se respira miedo, temor e inseguridad, conforme avanza el narcotráfico.

“La frontera es peligrosa por los guerrilleros. Aquí matan. Hay guerrilleros y hay mafiosos. Llegan con fusiles y hacen reuniones y nos dicen: ‘Vamos a cuidarlos’. Ellos dicen que los ‘sapos’, habladores y chismosos, no pasan, los matan. Por eso, los vemos nomás pero no hablamos (denunciamos). Estamos con miedo y desprotegidos. No hay bases militares. Hace 7 años había en La Bocana y en Angosilla también, pero han sido desactivadas. Sí hay comisarías, pero la policía no hace nada. Les matan los guerrilleros. Ellos viven encerrados”, dijo un líder secoya que, por obvias razones de seguridad, no lo identificamos.

En julio de este año, un dirigente secoya de Zambelín de Yaricaya declaró a la prensa local que los guerrilleros colombianos los obligaban a cultivar hoja de coca bajo amenaza de muerte.

“Vivimos con temor. Ellos (los guerrilleros) llegan y nos dicen que no podemos pescar y que nos dediquemos a hacer más chacras (de hoja de coca), y no podemos denunciar ante nadie porque allá no hay autoridad alguna. Ya mataron a varias personas en otras comunidades. No podemos esperar mucho tiempo, lo único que nos queda es salir”, manifestó en esa ocasión.

Pero luego tuvo que abandonar la comunidad junto con su familia porque recibió amenazas de muerte. El pueblo de los Huitoto también ha registrado incidentes con los grupos armados de las disidencias de las FARC.

Una autoridad local, que por razones de seguridad no mencionamos su nombre, describió la situación en el Putumayo: “Acá en esta zona no hay trabajo. ¿A qué se va a dedicar la gente? El único trabajo es que la gente tenga su chacra (de hoja de coca) y venda (su producción). Y que los chicos trabajen jalando (cosechando) hoja de coca. Es el único sustento. Aquí no llega el gobierno. Lo único que puedo decir es que vivimos con miedo. ¿Qué puedo hacer con la gente que viene y te amenaza y te dice haz esto o te matamos? A mi amigo en mi frente lo han descuartizado. Más no te puedo decir. Porque los guerrilleros van a venir y te van a preguntar quién es el que te ha contado y tú vas a hablar. Y yo te pregunto: Si a ti te cuadran, ¿qué dirías? Ahorita puedes decir que no hablarías, pero en el instante que te agarran y te preguntan, por salvarte me vas a mencionar. Y no van a atentar solo contra mí sino contra mi familia. Nosotros no podemos jugar con la vida”.

Recientes incidentes en la frontera

El 14 de febrero del 2020, las autoridades colombianas reportaron que en la localidad peruana de Lupita, frente a Puerto Leguízamo, en Colombia, se produjo una masacre como el resultado de un enfrentamiento entre grupos armados que se disputan el control del narcotráfico.

En esa ocasión cayeron 5 colombianos y un brasileño.

Y el último 25 de octubre, las fuerzas de seguridad incautaron en el Putumayo 2.3 toneladas de cocaína, lo que confirma la entronización del narcotráfico.