Arequipa: detenidos por integrar presunta organización criminal pasaron control de identidad
Juez realizó el control de identidad del gobernador Elmer Cáceres y 12 detenidos, quienes permanecerán a disposición de la Fiscalía Anticorrupción por 10 días para las investigaciones.
- Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos
- Más campañas de DNI electrónico gratis: Reniec anuncia nuevos locales habilitados
El juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Málaga Pérez, realizó la tarde de este sábado el control de identidad de los 13 detenidos por pertenecer presuntamente a la organización criminal denominada Los hijos del cóndor.
Los investigados estarían involucrados en la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo genérico que se habrían cometido al interior del Gobierno Regional de Arequipa.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
En primer lugar, el magistrado identificó al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, verificando que los datos proporcionados por el Ministerio Público para la diligencia de detención preliminar, coinciden con la persona detenida, y, según manifestó, durante la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, no se vulneraron sus derechos.
La diligencia prosiguió con la identificación de Gregorio Urbano Palma Figueroa, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa; Marcelo Alberto Córdova Monroy, gerente ejecutivo de Copasa; y Napoleón Ocsa Flores , gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes
Asimismo, los consejeros regionales Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa, Ronald Veto Bernal Huarca, Jeymi Natividad Flores Quicaño e Ysrael Zuñiga Yáñez.
Igualmente fueron identificados los investigados Richard Edgard Calvo Ramos, Mario Jacobo Jacobo, Alexander Román Martínez Rojas y Alberto Gómez Oviedo.
Al término de la audiencia, el juez exhortó a la Fiscalía garantizar los derechos constitucionales de los detenidos y a tomar en cuenta la salud de los mismos a efectos de evitar complicaciones durante su detención preliminar por el plazo de diez días.
