Defensoría señaló falta de transparencia en la compra de vacunas COVID-19
El defensor del Pueblo indicó que las decisiones no se hicieron públicas por parte del Gobierno y al final no se concretó ninguna adquisición.
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Con información de María Pía Ponce/ URPI-GLR
La Defensoría del Pueblo realizó un balance de las diferentes situaciones que atravesó nuestro país durante este año 2020 en medio del estado de emergencia sanitaria por coronavirus. Entre los temas principales estuvieron la compra de vacunas contra la COVID-19, la demanda de oxígeno y la represión policial durante las protestas contra Merino.
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De acuerdo a declaraciones de Walter Gutiérrez, al Gobierno peruano le faltó transparencia en la gestión de compra de vacunas contra la COVID-19 que permitiría inmunizar a los peruanos en el primer trimestre del año. Asimismo, esto tendría una responsabilidad inexcusable, ya que varios países cuentan con inmunización de la enfermedad.
“Lo que se nos dijo cuando pedimos información sobre las vacunas fue que los contratos tenían cláusula de confidencialidad, les dijimos a todos que mientras no haya vacuna se podían alegar mil argumentos pero que, cuando llegue una vacuna a la región, ahí nace una responsabilidad inexcusable. Se tiene que hacer todo el esfuerzo para que haya vacuna, lo dijimos desde el inicio”, precisó.
“El Ejecutivo y los funcionarios tienen que explicar la situación en la que estamos (con relación a las vacunas), hubo falta de transparencia en la información. Las decisiones que se iban tomando no se hicieron públicas para su escrutinio”, aseveró. El defensor del Pueblo manifestó que hubo muchos mensajes triunfalistas sobre la llegada de la vacuna, pero no se concretó ninguno.
Sobre las camas UCI y el excesivo cobro en clínicas privadas
Por otro lado, Gutiérrez mencionó que aún no se llegó al número de camas UCI prometidas a inicios de año. De igual manera con el cobro de estos hospitales y la alta demanda de personas que acudían a ella, “el Estado no pudo planificar cuánta demanda de oxigeno pudo haber y todos esos ciudadanos tuvieron que ir a las clínicas privadas y en ese contexto, se elevó el precio por una demanda del propio sector privado”.
Sobre investigaciones de las protestas y las muertes de civiles
“Le corresponde a la propia Policía realizar, en el más breve plazo, una investigación transparente. La defensoría, el paso que tenía que dar, ya lo dio tras establecer una posición respecto al uso de la fuerza”, precisó.
