Defensoría sobre paro agrario en Ica y La Libertad: “Protesta no es violencia”
La entidad condenó los hechos de violencia en los enfrentamientos como los bloqueos, las agresiones y el ataque a vehículos. Esperan consenso entre ambas partes.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento respecto al actual paro agrario que se está suscitando en las regiones de Ica y La Libertad por la actual Ley de Promoción Agraria. La entidad mencionó que condena estos hechos de violencia ocurridos en los dos últimos días como el bloqueo de carreteras, enfrentamientos con la PNP y manifestantes, la quema de una ambulancia, entre otros.
“El derecho a la protesta tiene como condición indispensable que sea ejercido de manera pacífica. Nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas o creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la tranquilidad de las demás personas, más aún cuando estas no son responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo”, indicó.
Asimismo, recalcó que la Constitución no ampara ningún tipo de protesta violenta y que este conflicto social que demandan la derogatoria de la Ley N° 27360 ha sido atendido por las autoridades. “Las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo llegaron hasta Ica a sostener reuniones presenciales con representantes de los trabajadores. Y, actualmente, el Congreso de la República se encuentra abocado a la elaboración de una nueva ley agraria”, expresó.
Además, mencionó que si bien el Parlamento se comprometió promulgar una Ley en solo 15 días, existen dificultades en este caso y se espera el mayor esfuerzo posible para llegar al más amplio consenso a nivel de las bancadas parlamentarias, trabajadores agrícolas y los empresarios agroindustriales.
“La Defensoría del Pueblo continúa su trabajo en las zonas de las protestas, coordinando la respuesta humanitaria con las autoridades locales, e invocando a la población a evitar actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas. De la misma manera, exige a la Policía Nacional del Perú que en el restablecimiento del orden interno se respeten los derechos de las personas y se haga un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza”, finalizó.
