Distribución de medicamentos ilegales se duplica en plena pandemia

La automedicación en el Perú no es un problema nuevo. En el 2006, el Ministerio de Salud (Minsa), informó que el 55 % de los peruanos adquirían medicinas sin una recomendación médica adecuada. Sin embargo, esta situación se ha agravado debido a la llegada de la COVID-19. Esa es la razón por la cual la distribución de medicamentos ilegales ha tomado protagonismo en esta pandemia.

Así lo confirma Edin Iberico, agente de seguridad del estado, quien manifestó que en los últimos meses estas acciones ilegales se han multiplicado hasta en un 200 %. No obstante, en el contexto que nos encontramos debido a la emergencia sanitaria, el Minsa no tiene un registro de personas cuya condición se haya agravado como consecuencia de automedicarse con medicamentos para tratar el coronavirus.

Por otro lado, el coronel PNP José Gutiérrez Mori dice que se ha intervenido a casi todos los distritos de Lima y se repite un mismo patrón: el vínculo entre la escasez de medicamentos en los hospitales y los puntos de venta ilegal en establecimientos aledaños. Solo en estos días, se intervinieron más de treinta boticas y farmacias que quedaban cerca de hospitales que atienden a pacientes con COVID-19.

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Varios factores emergen como las principales causas para que esto ocurra: la escasez de medicinas, el alza de los precios y el miedo de contraer el virus en los hospitales, entre otros. Pero hay uno que más ha sacado provecho de esta coyuntura: la distribución de medicamentos falsos.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) señala que en lo que va de la pandemia se han realizado más de 500 intervenciones en todo el país y se han cerrado 75 boticas y farmacias por no cumplir las disposiciones sanitarias. En estos operativos lo más frecuente con lo que se han topado son productos vencidos, falsos o que llevan el rótulo de “prohibida su venta”, porque pertenecen al Estado. También abundan los laboratorios clandestinos de ivermectina, alcohol y lejía.

Desde la Digemid lamentan que el mercado ilegal de medicamentos, que siempre ha existido, se haya activado en esta pandemia y que este haya rebalsado la capacidad operativa que tiene el Estado para combatirlo.

“Se activó en mayor medida [el mercado ilegal] precisamente por las limitaciones que se han tenido para que la gente pueda adquirir las medicinas”, sostuvo Marisa Papen, funcionaria de la entidad.

Asimismo, el general PNP Edgardo Garrido, director de la Policía Fiscal, destaca otro detonante: la facilidad para conseguir medicinas en las redes sociales. A través de este modo de venta, que no ofrece ninguna garantía de salubridad, se han detenido a diversos comerciantes cuando estaban entregando los productos por delivery.

Cabe resaltar que falsificar medicinas tiene una pena de entre 4 y 10 años de cárcel; comercializarlas, entre 4 y 8 años, de acuerdo con el artículo 294 del Código Penal. El Poder Judicial reporta cinco personas condenadas por vender y comercializar medicinas hasta marzo del 2020. En el 2018, fueron 94 y en el 2019, 49.