Acuerdan ir al Tribunal Constitucional para burlar el control de jueces

Con 96 votos de la mayoría de bancadas, el pleno del Congreso decidió ayer autorizar a la presidenta de la mesa directiva, Lady Camones (APP), el envío de una demanda competencial al Tribunal Constitucional (TC), con el propósito de evitar el control constitucional por parte del Poder Judicial.

La medida es adoptada a raíz de las dos medidas cautelares concedidas por un juez constitucional al Sindicato de la Defensoría del Pueblo, gremio que cuestionó en forma reiterada el incumplimiento de los principios de transparencia y meritocracia por parte del Parlamento, en el proceso de elección del defensor.

Fueron pocas las voces que se pronunciaron contra esta acción en el Parlamento. Ruth Luque (Cambio Democrático) alertó que esta decisión surgió en el Consejo Directivo del Congreso, bajo argumentos que “tienen una orientación de desconocer las resoluciones judiciales”.

Deslizó que la medida genera un mensaje de que el Congreso de la República “tiene un poder absoluto y no va a acatar una resolución judicial”.

La legisladora hizo hincapié en que las medidas cautelares concedidas por el Poder Judicial no cuestionan las competencias del Congreso, “sino plantean garantías mínimas de transparencia, publicidad y participación ciudadana”.

En la misma línea, Silvana Robles (Perú Libre) agregó que ninguna autoridad puede abocarse a causas que están pendientes en el Poder Judicial.

Y es que de momento solo se han emitido medidas cautelares y falta el pronunciamiento de fondo sobre la demanda de amparo que formuló el sindicato contra la elección del defensor que realizaba el Congreso.

Su colega de bancada Alex Flores consideró que no hay razón para el trámite de la demanda competencial y recordó que el principio de división de poderes implica que “un poder del estado puede observar a otro poder del estado”, como ocurre en este caso con el Poder Judicial y el Congreso.

Contra estas voces, sin embargo, la mayoría de Perú Libre votó a favor de la demanda competencial. Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino apoyaron en sus intervenciones la decisión de la mayoría congresal.

Elección con vicios

En la sesión de ayer, dos integrantes de la segunda comisión conformada para la elección del defensor se pronunciaron en respaldo de este proceso.

Uno de ellos Elvis Vergara, de Acción Popular, quien ni siquiera estuvo presente en la ronda de entrevistas a los postulantes invitados. El otro fue Manuel García (APP), quien integró a última hora la comisión y dejó en claro que no se había preparado para las entrevistas, pues se dedicó a leer y repetir preguntas de un balotario elaborado por el equipo técnico.

Tras el acuerdo de ayer, Lady Camones encargará la redacción de la demanda competencial para su envío al TC. En buena cuenta, el escrito será analizado y votado por los nuevos jueces constitucionales que fueron elegidos por este Congreso, en un proceso que también estuvo debilitado por la falta de una auténtica transparencia.

Tensión en AP

Comisiones. La bancada de Acción Popular volvió a ventilar ayer las pugnas internas por la distribución de las comisiones. En plena sesión, este grupo presentó un cuadro con cambios en las designaciones.

Renuncia. María Alva, quien había sido designada para las comisiones de Pueblos Andinos y Ciencia, renunció públicamente, al señalar que no había sido consultada.

Citan y denuncian a Torres por llamar a movilizaciones

El Pleno ayer también aprobó una moción para invitar al premier Aníbal Torres, a fin de explicar sus recientes declaraciones y el llamado que hizo a las organizaciones sociales para movilizarse en contra de los golpistas.

A propuesta de Lady Camones (APP), el jefe del gabinete ministerial tendrá que acudir el jueves 18 a las 4 p.m. En paralelo, el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular, presentó una denuncia constitucional por el mismo hecho contra el ministro Aníbal Torres.

“Lo que ha hablado la semana pasada (Aníbal Torres) con el presidente (Pedro Castillo) son delitos; han incitado a la subversión a la población, han llamado a la gente para que venga a Lima para generar un conflicto social, un conflicto social”, expresó Montoya en declaraciones a los medios.

El legislador precisó que no optaron por la interpelación y la censura, en tanto son castigos políticos. “Lo que perseguimos acá son delitos penales”, recalcó.

Los supuestos delitos que el congresista Montoya le atribuye a Aníbal Torres son “sedición y terrorismo”.