CCFFAA, Arzobispado de Ayacucho y organizaciones veladoras de DDHH se pronuncian ante protestas
Los pronunciamientos tras los 21 muertos en provincias y los actos vandálicos propiciados en diferentes instituciones públicas no se hicieron esperar.
A más de una semana del estallido social y tras una declaratoria de estado de emergencia que generó más preocupación que tranquilidad, instituciones y organizaciones públicas y civiles emitieron sus respectivos pronunciamientos ante la crisis, que ya cuenta con más de una veintena de fallecidos.
El primer comunicado se dio por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes precisaron, a un día de anunciarse el estado de emergencia, el inicio del uso de la fuerza “aplicando estrictamente las normas vigentes”.
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado. Foto: CCFFAA/Twitter
La institución explicó que aproximadamente a la 1.00 p. m; una patrulla del Ejército fue atacada por una turba “con objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales”. Posteriormente, en el comunicado se anuncia que las Fuerzas Armadas tomaron conocimiento de la “existencia de personas heridas y fallecidas” por lo que se alerta el inicio de una inspectoría; no sin antes lamentar el deceso y enviar condolencias a las familias.
Ante ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidió a la población que se ejerza el derecho a la protesta pacífica, y sin llevar a cabo actos vandálicos.
Por otro lado, el Arzobispado de Ayacucho emitió un pronunciamiento respecto a la difusión de una noticia falsa del último jueves en la que se daba la alerta presuntos francotiradores en la cúpula de la Basílica Catedral de Huamanga.
Arzobispado de Ayacucho desmintió fake news. Foto: Arzobispado de Ayacucho
En el comunicado, se informó a la población ayacuchana “que estén atentos a informaciones erróneas” y explicó que las imágenes que se habían convertido en un bulo noticioso correspondían en realidad a “jóvenes del coro que subieron al campanario”.
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Esta actualización fue respaldada y compartida por la Conferencia Episcopal Peruana, que instó a la población a no dejarse llevar por dichas noticias que “provocan confusión en medio de la situación de crisis que vive el país”.
Mientras tanto, otras organizaciones civiles como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Coordinadora 14N también se pronunciaron respecto al saldo de fallecidos en la última semana a raíz de las protestas.
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, anunció que a raíz de los enfrentamientos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, visitará el país, y que, desde su institución, no se soportará ni un muerto más.
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Dador pidió que se levante la militarización y se deje de lado el discurso de ‘terruqueo’. “Estamos camino al autoritarismo. No hay fallecimientos, hay asesinatos”, aseveró.
Por otro lado, Gloria Cano, de APRODEH, anunció tener material audiovisual de personas completamente desarmadas recibiendo disparos por parte de las fuerzas del orden en Ayacucho. “Fue el ejército que disparó a los manifestantes. Esto es asesinato”, dijo antes de anunciar que se está preparando una denuncia penal.
Desde la ANP, Zuliana Laines denunció los 47 ataques a periodistas y medios que se han venido realizando a nivel nacional. Liz Menéndez del Movimiento Feminista, hizo responsable al Estado por las muertes suscitadas y pidió investigación, diálogo y consensos entre las partes.
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Adicionalmente, Killa Sotelo, hermana de Inti Sotelo y representante de la Coordinadora 14N, incidió en que “se viene repitiendo lo sucedido en noviembre del 2020″, con disparos al cuerpo y varios detenidos, entre los que se encuentran nueve personas pertenecientes a su organización.
“Hay varios Intis y Bryan, pero como no mueren cerca de Palacio, no importan”, señaló Edson Bruja, perteneciente a la misma institución.
Mientras tanto, Dina Boluarte continúa con una serie de reuniones con los jefes de otras entidades autónomas del Estado en medio de un estado de emergencia de por sí criticado.