Petroperú contrata abogados de EE. UU. para investigar acuerdos con Gunvor
Revisará las adquisiciones que hizo la empresa estatal de hidrocarburos a la proveedora suiza entre 2015 y 2021, que suman 1.727 millones de dólares.
El directorio de Petroperú contrató al estudio de abogados estadounidense Paul Hastings LLP para que investigue las contrataciones de la empresa estatal con proveedores que enfrentan procesos ante la justicia norteamericana.
La decisión de la petrolera nacional está relacionada con el caso de la compañía suiza Gunvor, cuyo representante en el Perú, el canadiense Raymond Kohut, confesó ante un tribunal de Brooklyn, Nueva York, que pagó 22 millones de dólares a funcionarios de Petroecuador para obtener contratos de venta de hidrocarburos, el 6 de abril de 2021.
Después de un último acuerdo, fechado el 11 de mayo de 2021, el directorio de Petroperú resolvió suspender indefinidamente las compras de petróleo y biodiesel a Gunvor.
Entre 2015 y 2021, la suiza Gunvor vendió hidrocarburos a Petroperú por 1.727 millones de dólares (1.049 millones de crudo y 678,1 millones de biodiesel B100).
A diferencia de las autoridades ecuatorianas que —de inmediato— iniciaron acciones judiciales contra los cómplices de Raymond Kohut, en el Perú no se produjo ninguna investigación. Recién a mediados de este año, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios inició una indagación y ha comenzado a interrogar a varios funcionarios de Petroperú.
Con la nueva gestión de la petrolera estatal, se aprobó la contratación del estudio Paul Hastings LLP, en cumplimiento de la política interna de la empresa que establece “no relacionarse con terceros, sean personas naturales o jurídicas (o sus principales accionistas o directivos), que hayan sido condenados por sentencia firme y/o hayan aceptado haber cometido delitos como el soborno en el ámbito internacional”, según el comunicado de Petroperú.
La situación descrita encaja con el caso de Raymond Kohut, quien, según investigaciones de La República, entre 2016 y 2020, ingresó en 29 oportunidades a la sede central de Petroperú para sostener reuniones con los funcionarios dedicados a la importación de crudo y biodiesel B100.
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En el mismo periodo, Kohut pagó sobornos a funcionarios de Petroecuador para conseguir privilegiados contratos de petróleo que luego revendía directamente Gunvor, por intermedio de otras compañías, a diferentes países —entre ellos el Perú— a un mayor precio.
Como parte de la estrategia de la compañía Gunvor de acaparar el mercado peruano de biodiesel B100, participó en el intento de compra de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh Giha.
La resolución del directorio de Petroperú también tiene como objetivo evitar vincularse con compañías proveedoras que mantienen procesos judiciales o de investigación en otros países.
“Para asegurar el cumplimiento de la empresa con las leyes, reglamentos y políticas peruanas, el directorio de Petroperú acordó la contratación del estudio Paul Hastings LLP, reconocido como uno de los principales asesores en prácticas anticorrupción, para realizar una investigación diagnóstica de las operaciones de Petroperú con empresas (proveedoras o clientes) que se encuentran vinculadas a procesos o posibles investigaciones de las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, o de otras autoridades extranjeras”, señaló la empresa en un comunicado.
El trabajo del estudio norteamericano incluye “la revisión de las contrataciones efectuadas a través de un risk assessment (estudio de riesgos) con terceros, la cual incluirá una evaluación de información pública e interna para ubicar potenciales red flags (banderas rojas)”, indicó Petroperú.
Como se ha indicado, entre 2015 y 2021, la compañía suiza Gunvor fue una de las principales proveedoras de Petroperú, y ahora se buscará establecer si los contratos fueron transparentes.
Mientras tanto, Raymond Kohut se encuentra a la espera de una sentencia. De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, estaría negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para una reducción de pena a cambio de información sobre otras operaciones ilegales en otros países donde trabajó como representante.
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