Harvey Colchado acusa a Santiváñez de proteger a delincuentes tras observar ley que busca restituir la detención preliminar

El Gobierno de Dina Boluarte presentó un documento de nueve páginas en el cual proponen al Congreso que se amplíen los requisitos para el uso de detención preliminar en ausencia de flagrancia con la finalidad de evitar "el abuso judicial". Las observaciones hechas por el Ejecutivo se presentaron a pocas horas de que se cumpla el plazo límite, lo que ha generado críticas por parte de personajes destacados como del coronel pasado al retiro, Harvey Colchado.

Mediante su cuenta de X, Colchado no dudó en acusar a Juan Santiváñez, ministro del Interior, de favorecer la impunidad contra los delincuentes y extorsionadores, pues al cuestionar la detención preliminar, estaría dejando sin respaldo a los policías, mientras debilita la lucha contra la delincuencia.

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En el comunicado firmado por él mismo Colchado, describió la detención preliminar como "una herramienta indispensable y determinante para la neutralización de elementos criminales".

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Añadió que el accionar del ministro se veía venir, pues sus decisiones previas mostraron que trabaja contra la Fiscalía y el policía investigador. "Hoy, en su rol ministerial, manifiesta lo que mejor sabe hacer: garantizar impunidad para quienes atentan contra la paz social. Al cuestionar una herramienta tan determinante para los persecutores del crimen, no solo deja sin respaldo a los policías, sino que debilita una de las bases fundamentales de la lucha contra la delincuencia", escribió.

Observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de detención preliminar

El Gobierno ha señalado que la autógrafa de ley tiene como objetivo restablecer uno de los criterios que permiten a un juez, a pedido del fiscal, dictar la detención preliminar. No obstante, advierte que el texto propuesto introduce cambios en los términos respecto a la redacción original, lo que podría generar problemas de interpretación.

Según el documento oficial, la normativa de la detención preliminar judicial ha presentado inconsistencias, oscilando entre conceptos que no le brindan autonomía frente a la prisión preventiva. Esto podría conducir a usos indebidos, como solicitar la medida no para realizar diligencias esenciales para la investigación, sino como un medio para garantizar que el investigado permanezca detenido sin una justificación clara sobre la relación entre la privación de libertad y las acciones investigativas. Además, alerta sobre el riesgo de que esta medida sea empleada como herramienta de presión para obtener confesiones o acuerdos de colaboración eficaz.

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El informe también señala que la propuesta legislativa no aborda de manera crítica los requisitos de la detención preliminar, ni evalúa si son necesarios en su totalidad, el momento adecuado para solicitarlos o las condiciones bajo las cuales se debe aplicar. En este contexto, el Gobierno advierte que la modificación no introduce un cambio sustancial en la regulación y no garantiza una aplicación adecuada de la detención preliminar en casos de ausencia de flagrancia, lo que podría poner en riesgo el derecho fundamental a la libertad.