Bloque Magisterial propone ampliar pena privativa de libertad a más de 12 años por terrorismo urbano
Miembros del Bloque Magisterial proponen incorporar en el Código Penal el artículo 279, el cual tipifica el terrorismo urbano como delito y establece una pena privativa de libertad de hasta 20 años.
- Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto
- Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI
Alex Paredes Gonzales, congresista del Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal el artículo 279, que tipifica el delito de "terrorismo urbano". La iniciativa busca, según el proyecto, fortalecer la capacidad del Estado para restablecer la seguridad pública. El objetivo de la propuesta legislativa es el de aumentar la pena privativa de libertad, estableciendo un rango no menor de 12 ni mayor de 20 años para quienes, dentro del territorio nacional, empleen el terror de manera sistemática con fines delictivos o personales.
"El que, dentro del territorio nacional, utilice de manera sistemática el terror con fines delictivos o personales, mediante violencia física o psicológica contra una persona y/o su patrimonio, y amenacé con peligro inminente para su vida, integridad o la de su familia, realizando actos consecutivos que generen un estado de miedo, zozobra, pánico o alteración de la conducta, afectando su bienestar físico o psicológico, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial continuo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.", se lee en el proyecto de ley.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
La República contactó con el abogado penalista Mario Amoretti para profundizar en el objetivo de esta ley. En este contexto, expresó su perspectiva sobre la normativa, al señalar que dicho proyecto no tendría un impacto significativo en la problemática de la criminalidad y lo calificó de "ley populista".
"Para mí, es una ley populista que no soluciona absolutamente nada. Ponerle el nombre de ‘terrorismo urbano’ o ‘terrorismo sistemático’ muestra que ya no saben qué nombre ponerle. Simple y llanamente, si una persona hace uso de un marcador explosivo o una bomba molotov, incurre en el delito de terrorismo, y eso es cadena perpetua.", declaro para este medio.
"Mientras no haya una estrategia o no se imponga una pena de muerte que no proceda, exagerando, la pena no soluciona los problemas que vienen desde hace años; sin embargo, siguen engañando al aumentar las penas.", agregó.
Costo - Beneficio
La tipificación de conductas en el artículo 279-H plantea, en su proyecto, la intención de disuadir el "terrorismo urbano" y fortalecer la capacidad del Estado para sancionar actos que generen miedo y desestabilización en la sociedad.
Asimismo, se detalló que los costos de implementación serían mínimos y se limitarían principalmente a la capacitación del personal, sin representar una carga financiera significativa, ya que se utilizarán recursos existentes.
¿Ley sobre terrorismo urbano resuelve la criminalidad en el país?
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone incluir el delito de "terrorismo urbano" genera controversia, pues contiene una disposición que, según personas críticas, podría criminalizar el derecho legítimo a la protesta.
"El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años", se detalla en el proyecto de ley.
Según la nueva medida, se contempla la posibilidad de imponer sanciones de hasta quince años de prisión privativa para aquellas personas que lleven a cabo acciones que afecten el libre tránsito de la ciudadanía o que interfieran con el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. El Congreso evaluaría estas conductas, equiparándolas a eventos recientes que han tenido un impacto significativo en el país, considerándolas como intentos de aprovechamiento indebido.
Ejecutivo introdujo cuestionable medida. Foto: Composición La República.
