Lima y Callao concentran mayoría de jueces y fiscales sancionados por la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha emitido sanción, desde que fue creada en 2018, contra 288 jueces y fiscales, de los cuales la mayoría se concentra en Lima y Callao. Las regiones con mayor cantidad de sanciones son Lima metropolitana (49), Callao (41), Amazonas (27), Loreto (21) y Piura (15). En su mayoría, los consejeros de la Junta Nacional de Justicia decidieron que se debía castigar con la represalia más alta, la cual es —en este caso— la destitución; le siguen la suspensión y la amonestación. 

Continúan en la lista Lima provincias (13), Tumbes (11), La Libertad (10), Cusco (10), Arequipa (9), San Martín (8), Cajamarca (8), Ucayali (8), Ayacucho (8), Ancash (7), Apurímac (6), Huancavelica (6), Madre de Dios (6), Ica (5), Puno (5), Junín (5), Pasco (5), Huánuco (2), Tacna (2) y Moquegua (1).

El número de 288 jueces y fiscales se desprende de la información difundida en la página web del periodista de investigación Edmundo Cruz (https://edmundocruz.com/). El especial denominado ‘Buscador de jueces y fiscales sancionados’ identifica, en un mapa interactivo, a jueces y fiscales sancionados por la JNJ en cada región de nuestro país. Una importante contribución periodística.

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Un organismo asediado

El 2023 marcó el periodo de mayor intensidad de ataques contra la Junta Nacional de Justicia, un organismo constitucionalmente autónomo e independiente, que tiene como finalidad nombrar evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el Reniec. Desde el Congreso se desplegaron una serie de estrategias para concretar la remoción de los magistrados de la JNJ, arremetida que hasta la fecha se mantiene vigente.

Desde la creación —a través de una reforma constitucional ratificada vía referéndum en 2018— de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como órgano autónomo, ha cumplido su rol en reemplazo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que perdió su credibilidad y aceptación tras diversos escándalos de corrupción revelados por el periodismo que llevaron a su desactivación.

Sanción a jueces y fiscales

Respecto a las sanciones que se les impone a los jueces y fiscales, estas —según la gravedad— pueden ser dictadas por la JNJ, la cual toma los casos en los que se impone la destitución como castigo máximo, aunque también contempla medidas menos drásticas. Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y las autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial se encargan de sanciones menores como un llamado a la atención, multa económica y suspensión por un periodo corto y determinado.

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Como se mencionó, hasta la fecha, la JNJ ha sancionado a 288 jueces y fiscales. Esto es un indicador del gran número de estos operadores de justicia que quedaron al margen del sector público tras ser destituidos en los últimos años, quienes posteriormente son vistos laborando en despachos privados o como abogados independientes. Cuando la sanción es menor, como una suspensión, los magistrados retornan con el tiempo y se siguen desempeñando en sus puestos.

Algunos casos

En el caso de Lima Metropolitana, de los 49 jueces y fiscales sancionados, más de 40 fueron destituidos de sus cargos. Las sanciones más comunes son por irregularidades funcionales, incumplimientos de sus deberes con la institución que representan, liberar delincuentes en perjuicio de la población o casos vinculados a experiencias emblemáticas, como magistrados vinculados al engranaje de corrupción montado por el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

La recientemente inhabilitada —por el Congreso— para el ejercicio de la función pública Zoraida Ávalos fue suspendida por la JNJ por un periodo en el 2021, aunque se presentó en esa época una reconsideración del caso. Se le acusaba de contratar a la hija de su amiga María Zavala, exministra de Justicia del gobierno de Alan García Pérez.

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También está el caso del juez supremo César San Martín, quien fue suspendido por 30 días por una presunta llamada al Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia del Callao para agilizar un trámite.

Y el de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien fue suspendida por 30 días por omisión de denunciar en el 2018 a su esposo Víctor Laca Rivadeneira, quien suscribió contratos en 18 ocasiones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre el 2018 y 2019.

Finalmente, también hay varios magistrados que fueron sancionados por estar involucrados en las actividades irregulares del esquema criminal del exjuez supremo César Hinostroza.

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Es el caso de los jueces supremos Martín Hurtado Reyes y Aldo Figueroa Navarro, ambos destituidos. También el juez supernumerario Miguel Miranda Mendoza y el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta.

De la misma forma, los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza. El caso más sonado fue el de la destitución de Pedro Chávarry Vallejos, entonces fiscal de la Nación, por su vínculo con César Hinostroza.