Lima y Callao concentran más del 30% de jueces sancionados por la JNJ en todo el país
Desde su creación y ratificación vía referéndum en el 2018, la Junta Nacional de Justicia ha emitido sanción contra jueces y fiscales, y en la mayoría de casos recomendó la destitución o suspensión.
El 2023 marcó el periodo de mayor intensificación de ataques contra la Junta Nacional de Justicia, entidad que tiene como finalidad nombrar evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el Reniec. Desde el Congreso de la República se desplegaron una serie de estrategias para concretar la remoción de los magistrados de la JNJ, arremetida que hasta la fecha se mantiene vigente.
Desde la creación —a través de una reforma constitucional ratificada vía referéndum en 2018— de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como órgano autónomo, ha cumplido su rol en reemplazo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que perdió su credibilidad y aceptación ante la población tras el escándalo de corrupción que involucró a sus principales actores.
La JNJ ha emitido sanción, desde que fue creada, contra 288 jueces y fiscales, de los cuales la mayoría se concentran en Lima y Callao. Las regiones con mayor cantidad de castigos son Lima Metropolitana (49), Callao (41), Amazonas (27), Loreto (21) y Piura (15). En su mayoría, los consejeros de la Junta Nacional de Justicia decidieron que se debía sancionar con la represalia más alta, la cual es —en este caso— la destitución, le siguen la suspensión y la amonestación.
Continúan en la lista mencionada Lima provincias (13), Tumbes (11), La Libertad (10), Cusco (10), Arequipa (9), -San Martín (8), Cajamarca (8), Ucayali (8), Ayacucho (8), Ancash (7), Apurímac (6), Huancavelica (6), Madre de dios (6), Ica (5), Puno (5), Junín (5), Pasco (5), Huánuco (2), Tacna (2) y Moquegua (1).
Sanciones contra jueces y fiscales
Respecto a las sanciones que se les impone a los jueces y fiscales, estas —según la gravedad— pueden ser dictadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual toma los casos donde se impone la destitución como castigo máximo, aunque también contempla otras medidas menos drásticas.
Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y las autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial se encargan de sanciones menores como un llamado a la atención, multa económica y suspensión por un periodo corto y determinado.
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Como se mencionó, la JNJ —hasta la fecha— ha sancionado a 288 jueces y fiscales, según información difundida en la página del periodista Edmundo Cruz. Esto es un indicador del gran número de estos operadores de justicia que quedaron al margen del sector público tras ser destituidos en los últimos años, quienes posteriormente son vistos laborando en despachos privados o como abogados independientes. Cuando la sanción es menor, como una suspensión, los magistrados retornan con el tiempo y se siguen desempeñando en sus puestos.
Algunos casos resaltantes
En el caso de Lima Metropolitana, región que concentra el mayor número de sanciones impuestas por la JNJ, de los 49 jueces y fiscales sancionados, más de 40 fueron destituidos de sus cargos. Las sanciones más comunes son por irregularidades funcionales, incumplimientos de sus deberes con la institución que representan, liberar delincuentes en perjuicio de la población o casos vinculados a experiencias emblemáticas, como magistrados vinculados al engranaje de corrupción montado por el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.
La recientemente inhabilitada —por el Congreso de la República— para el ejercicio de la función pública Zoraida Ávalos Rivera fue suspendida por la JNJ por un periodo en el 2021, aunque se presentó en esa época una reconsideración del caso. Se le acusaba de contratar a la hija de su amiga María Zavala, exministra de Justicia del Gobierno de Alan García Pérez.
“(Sancionada) por haber designado a la abogada Carla Estefanía Bourdieu Zavala en el cargo de fiscal adjunta superior provisional del Tercer Despacho de la Fiscalía Superior Penal de Piura, del Distrito Fiscal de Piura, mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019”, se lee en la resolución.
También está el caso del juez supremo César San Martín, quien fue suspendido por 30 días por una presunta llamada al Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia del Callao para agilizar un trámite. Y el de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien fue suspendida por 30 días por omisión de denunciar en el 2018 a su esposo Víctor Laca Rivadeneira, quien suscribió contratos en 18 ocasiones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre el 2018 y 2019.
Finalmente, también hay varios magistrados que fueron sancionados por estar involucrados en las actividades irregulares del esquema criminal del exjuez supremo César Hinostroza. Es el caso de los jueces supremos Martín Hurtado Reyes y Aldo Figueroa Navarro, ambos destituidos. También el juez supernumerario Miguel Miranda Mendoza y el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta. De la misma forma, los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza. El caso más sonado fue el de la destitución de Pedro Chávarry Vallejos, entonces fiscal de la Nación, por su vínculo con César Hinostroza.
