Castillo: Está en manos del Congreso que vinculados a corrupción no postulen en elecciones

El presidente Pedro Castillo se pronunció sobre las próximas elecciones regionales y municipales de Perú 2022, que se realizarán el domingo 2 de octubre a fin de elegir a las autoridades locales de cada región para el periodo 2023-2026. El mandatario, durante la ceremonia del licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ubicada en Ica, se mostró en contra de que personas vinculadas a delitos de corrupción participen en la jornada electoral.

De esta manera, Castillo envió un mensaje al Congreso de la República al afirmar que está en manos del Poder Legislativo que involucrados en indicios de corrupción ya no postulen en las mencionados comicios.

“En esta fiesta política que se avecina en el mes de octubre, está en manos del Congreso que ya no postulen personas que tienen indicios de corrupción, que tienen problemas de corrupción (…). Quisiera dirigirme al Congreso de la República. Hemos encaminados proyectos como la masificación del gas para los peruanos, hemos encaminado tantos proyectos, ahora toca limpiar el escenario político”, dijo el mandatario.

Pedro Castillo: “Se tiene que reducir el recibo de luz”

Ese no fue el único mensaje que tenía preparado el jefe de Estado para el Parlamento que lidera María del Carmen Alva, ya que también mencionó que “está en manos del Congreso reducir los recibos de energía eléctrica a beneficio de la población peruana”.

“Está también en manos del Congreso para que, de una vez por todas, los pueblos del Perú tengan una rebaja sustancial en el servicio de luz porque a veces hay recibos abusivos, empresas que abusan de los pueblos. Hay que hablar porque no hemos venidos expropiar a nadie, solo hemos venido a recuperar los derechos del pueblo”, afirmó.

Pedro Castillo observa autógrafa de ley que atenta contra el referéndum

El presidente peruano, Pedro Castillo, y la primera ministra, Mirtha Vásquez, observaron la autógrafa de la ley que restringe el derecho a referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución. Dicha ley interpretativa de la Constitución modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos con el objetivo de prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas constitucionales que no hayan sido discutidas ni tramitadas en el Congreso.

Eso significa que cualquier cambio a la carta magna que implique un procedimiento de este tipo deberá estar sujeto al trámite parlamentario. Podría ser concretado con 87 votos a favor en el pleno en dos legislaturas ordinarias distintas o, en todo caso, aprobado con no menos de 66 votos, recién ahí aplicaría el voto ciudadano.