Allanan a 5 generales del Ejército Peruano por haber negociado combustible

Una vasta operación de allanamiento e incautación en las residencias y oficinas de 9 oficiales del Ejército y 2 civiles, entre quienes se encuentran 4 ex comandantes generales de la institución y el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general de división César Astudillo, dirigió el fiscal especializado en corrupción de funcionarios de Lima Sur, Hugo Minaya Paulino.

La autoridad imputa a los 5 generales que, en complicidad con los demás imputados, aprovecharon los altos cargos que ocuparon en el Ejército para negociar con el combustible que se les asignaba para el cumplimiento de sus labores.

Basado en documentos internos, declaraciones de testigos y manifestaciones de aspirantes a colaboradores eficaces, el fiscal Hugo Minaya atribuye a los generales -2 en actividad, 3 en retiro– disponer que sus subalternos vendieran la dotación que no llegaban a consumir y le entregaran el dinero.

Los ex comandantes generales del Ejército implicados son el general (r) Ricardo Moncada Novoa (2012-2014), el general EP (r) Luis Ramos Hume (2015-2017), general (r) Jorge Céliz Kuong (2018-2020) y el general César Astudillo (2017-2018), quien ahora está al frente del CCFFAA. Astudillo debió pasar al retiro el año pasado, pero el exmandatario Martín Vizcarra lo renovó en el cargo por un año más.

Enterado del operativo, el general César Astudillo condenó la actuación del fiscal Minaya, argumentando que nunca había sido informado de la investigación y mucho menos fue notificado para ofrecer sus descargos.

A todos los generales el fiscal Hugo Minaya les imputa el presunto delito de peculado doloso por apropiación, pero los casos más graves son los de César Astudillo y Jorge Céliz. Respecto al general Astudillo, el fiscal también atribuye los delitos de encubrimiento personal y real.

Según el sustento legal que el fiscal Minaya presentó ante el juez Jorge Mayta Pailán para requerir el allanamiento e incautación, postulantes a colaborador eficaz coincidieron en señalar que César Astudillo fue informado por el Batallón de Inteligencia del Ejército sobre el negociado del combustible mediante un informe reservado. Sin embargo, ordenó que el caso se mantuviera en secreto y no se filtrara a la prensa. Astudillo no denunció del hecho ante las autoridades correspondientes. Justamente, al general Astudillo el fiscal del caso señala que durante su gestión como comandante general del Ejército hizo que sus subalternos vendieran combustible sobrante que le fue asignado por montos mensuales que oscilaban entre 10 mil y 15 mil soles mensuales. Astudillo rechaza la acusación, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La República.

También es complejo el caso del general Jorge Céliz, a quien el fiscal señala -basado en documentación reservada y declaraciones de testigos y postulantes a colaboradores eficaces-, que durante sus gestiones como director de la Escuela Militar de Chorrillos (2010-2011), comandante general del Comando de Doctrina y Educación del Ejército (2013-2014) y comandante general del Ejército (2018-2020), dispuso que el combustible que no usaba fuera revendido y le entregasen el dinero en su oficina. Céliz no pudo ser ubicado para que ofrezca su versión.

Cuando ejercieron como comandantes generales del Ejército, por la misma modalidad -la reventa de sobrantes de combustible asignado-, los generales Luis Ramos Hume y Jorge Céliz pudieron haber obtenido entre 240 mil a 360 mil soles.

También se encuentra comprendido el actual jefe de la III División de Estado Mayor del CCFFAA, general de brigada Edward Gratelly Silva. El fiscal señala que cuando estuvo al frente de la Oficina de Administración de la Comandancia General del Ejército, en 2014, presuntamente vendió vales de combustible que se le habían asignado.

Otros comprendidos en la investigación fiscal son el coronel Jorge Ruiz Lazo, el mayor José Rojas Dávila, el capitán David Arana Estrabidis, el técnico José Chávez Gutiérrez y los civiles Julio Grosso Anticona y Louis Ortiz Castillo. El fiscal Hugo Minaya solicitó detención preventiva, pero el juez Jorge Mayta solo autorizó los allanamientos e incautaciones.

Datos

Origen. El caso comenzó en 2018, cuando agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, detectaron el robo sistemático de combustible y su reventa.

Implicados. Los subalternos actuaban con conocimiento de sus superiores.

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