Caso Orellana: exjefe de Sunarp pide suspender condena de 6 años en su contra

Álvaro Delgado Scheelje, exsuperintendente de Sunarp, busca suspender temporalmente la sentencia de 6 años y 8 meses de prisión en su contra por el caso Orellana. Según alega el exfuncionario recluido en el penal de Miguel Castro Castro, existe un riesgo latente de contagio de coronavirus.

El recurso presentado ante la Sala de Apelaciones Anticorrupción resalta en este sentido que la actual pandemia del COVID-19 “pone en riesgo la vida y la integridad física del condenado”. En general, esta solicitud presentada el 26 de julio por el abogado Raúl Noblecilla Olaechea destaca también “razones humanitarias” y el Control de Convencionalidad del Sistema Universal de Derechos Humanos.

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Recibida la petición, el Poder Judicial ha programado para este viernes 7 de agosto la audiencia virtual entre las partes para decidir posteriormente si se acepta o no la suspensión temporal de la sentencia dictada el pasado 17 de febrero. Días antes de esa fecha, Delgado se entregó a la justicia por lo que se sometió a la sentencia impuesta.

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Delgado Scheelje fue condenado en primera instancia el último 17 de febrero, cuando la jueza Fernanda Ayasta Nassif le impuso 6 años y 8 meses de cárcel por integrar la red criminal de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.

Desde Sunarp, Delgado “direccionó” la inscripción de 27 terrenos (títulos de propiedad) entre 2009 y 2011 a favor de la red delictiva que lideró Ludith Orellana, apropiándose ilegalmente de ellos, señaló entonces la resolución judicial. También se fijó una reparación civil de S/2 millones a favor del Estado por los perjuicios ocasionados.

Hábeas corpus

En junio último, la defensa presentó también un hábeas corpus favorable a Delgado Scheelje. No obstante, el Juzgado Penal de Lima aún no se pronuncia al respecto.

Anteriormente han pedido una suspensión temporal de condena también Ludith Orellana (sin éxito), así como el prófugo Carlos Vargas Machuca (todavía sin pronunciamiento del tribunal). Ambos fueron parte de la organización criminal que actuó con Sunarp para la apropiación ilícita de terrenos entre el 2009 y 2013.

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