Michael Reid: “Aun si el TC decide que fue una acción constitucional, hay un precedente preocupante” | El Informante
Michael Reid. Nacido en Reino Unido, Michael Reid escribe desde 1990 en The Economist. Ha sido premiado con el Maria Moors Cabot. Es autor de El continente olvidado: historia de la nueva América Latina y de Brasil: el problemático crecimiento de un poder global.
Por Ricardo Uceda - El Informante
Según América Economía, la de Michael Reid es la opinión global más influyente sobre la región. Basado en Madrid, es Senior Editor de The Economist para América Latina y España. Allí escribe Bello (por Andrés Bello), una columna cuya última aparición motivó la conversación que sigue.
En tu última columna sostienes que el cierre del Congreso es constitucionalmente cuestionable. No lo consideras un golpe porque, salvo el Congreso, las otras instituciones funcionan. A fin de cuentas, ¿estamos ante un defecto mayor o menor de la medida?
Eso lo va a decidir el Tribunal Constitucional, suponiendo que acepte la competencia de juzgar la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo. Aun si el TC decide que fue una acción constitucional, hay un precedente político preocupante. Desde luego que la mayoría aprofujimorista en el Congreso fue en muchos casos obstructiva, éticamente impresentable y corrupta, y actuó con suma irresponsabilidad. Pero recomiendo a los que están festejando un sencillo experimento mental: si los papeles fueran al revés, y un presidente fujimorista disolviera un Congreso antifujimorista por elegir a un magistrado del TC, cuando este es un asunto que corresponde al Congreso, ¿qué pensarían?
También dices que lo ocurrido amenaza la larga estabilidad política peruana. Pero todos lucen felices, incluyendo buena parte de las élites. Los derrotados partidos del Congreso se preparan para elecciones parlamentarias. ¿Qué podría llevarnos a un terreno de turbulencias?
Como dices, felizmente hay bastante tranquilidad en el país. Pero es posible que el presidente Vizcarra no tenga mayoría en el próximo Congreso (octubre a enero es una eternidad en la política peruana) y que los próximos presidentes tampoco lo tendrán. ¿Van a gobernar sin el Congreso? Ha habido una alteración en las reglas básicas del juego político en el Perú, de consecuencias inciertas. Es imprescindible definir con precisión el alcance del tema de la confianza.
Hay un potencial movimiento conservador de derecha y ultraderecha, con fuerte componente religioso, que hizo marchas multitudinarias no hace mucho. ¿Ves un espacio para esta novedad en lucha futura por el poder político?
La derecha y ultraderecha no son exactamente novedad en el Perú, si pensamos en Riva Agüero, por ejemplo. Hay algo de modas internacionales detrás de estos fenómenos, como con el fascismo en los años 30 del siglo pasado, y actualmente con los modelos de Trump y Bolsonaro. Van a ser un factor en el Perú por un tiempo, pero me cuesta pensar que un Bolsonaro peruano llegue al poder.
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Por otra parte, la celebración más militante a favor del cierre del Congreso provino de la izquierda, donde han crecido los liderazgos radicales, que probablemente arrastrarán a los moderados. Todos ellos desean una Asamblea Constituyente. ¿Crees posible una tardía búsqueda de una opción chavista en el Perú? Digo tardía porque este modelo va de bajada.
Hay que tomar en cuenta que el espectro del fracaso chavista está contestado desde la izquierda con el fracaso de Macri en Argentina y las medidas de austeridad de Moreno en Ecuador (por más que en ambos casos el fracaso es relativo frente al hecatombe chavista y que están lidiando con el legajo desastroso de presidentes populistas de izquierda). Creo que la izquierda podría aumentar su fuerza en el próximo Congreso. Pero no creo que tendría mayoría para forzar una Asamblea Constituyente. La mayoría de peruanos saben que el país ha prosperado como nunca bajo el capítulo económico de la Constitución de 1993. El riesgo mayor vendría en unos años si el crecimiento económico sigue en un 1% a 2% en vez de un 4% a 5%.
Una peculiaridad de tus análisis ha sido el apoyo crítico a la justicia anticorrupción, en Brasil y Perú. Por ejemplo, en cierto momento la prisión impuesta a Lula, o la parcialidad evidenciada por los mensajes publicados entre los procuradores y el juez Moro. ¿En qué medida se ha desacreditado el proceso por los chats difundidos por The Intercept?
Creo que la ofensiva anticorrupción en países como Brasil y Perú es esencial, pero es esencial que se haga bien, que sea ampliamente percibido como justicia y no revanchismo. El juez Moro en Brasil siempre dio la impresión de estar empeñado en encarcelar a Lula a como diera lugar y la sentencia de 12 años por un departamento que el expresidente nunca ocupó y sin una contrapartida explícita parecía exagerada. El que Moro aceptara un puesto ministerial en el gobierno de Bolsonaro puso en cuestión su imparcialidad política. Las filtraciones de The Intercept, obtenidas ilegalmente, han mostrado que trabajó de la mano de la fiscalía, y no como árbitro independiente, como la legislación brasilera requiere. Dicho todo esto, Lula ha sido condenado por otra jueza en otro caso (una finca en Atibaia) con más evidencia, y enfrenta también otros cargos. Lava Jato no fue un invento de Moro; lo que hay detrás es una realidad de corrupción masiva y organizada que implica al Partido de los Trabajadores, otros políticos y varias empresas.
A propósito del suicidio de Alan García, escribiste: “Tirar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es una práctica de dictadores, no de democracias”. Y fuiste escéptico con la criminalización de los aportes de campaña. Son reparos mal vistos por la justicia anticorrupción. La cual, sin embargo, ha logrado avances. ¿Qué impresión tienes del proceso?
Los poderosos, tanto políticos como empresarios, en América Latina tradicionalmente se han beneficiado de una impunidad absolutamente inaceptable. Hay que investigarlos y sancionarlos en forma ejemplar. Pero hay dos dificultades en las prácticas de la ofensiva anticorrupción. La primera es que la presunción de inocencia y la necesidad de probar cargos son principios básicos del derecho penal en una democracia. Me parece que el recurso generalizado a la prisión preventiva, sin cargos, pone en cuestión la presunción de inocencia (eso fue un argumento usado por la izquierda en Brasil). El hecho que la prisión preventiva sea el trato normal que se da a un ciudadano común, no es una excusa, más bien es un escándalo. En segundo lugar, en muchos países de la región el financiamiento no-declarado de la política era una práctica generalizada y tolerada. Claro que está mal, y da lugar a distorsiones potenciales en las políticas públicas, como describió Alfonso Quiroz en su monumental Historia de la corrupción en el Perú. La reforma del financiamiento de la política y bajar sus costos son vitales. ¿Pero las violaciones de reglas de financiamiento político son iguales a actos de corrupción que implican robar millones de dólares de dinero público? Keiko Fujimori nunca ocupó un cargo ejecutivo, y por lo tanto nunca firmó contratos públicos. A simple vista, encarcelarla por tres años, sin cargos, parece un acto de revancha política. Si hubiese un problema de destrucción de pruebas, hay otras medidas como arresto domiciliario para impedirlo. Según se describe en las filtraciones, el caso contra ella no es tan complicado. Que le hagan juicio.
La inestabilidad, inevitablemente, afecta la economía, pero el Perú venía ya en marcha lenta. ¿Qué sería lo mejor que le podría ocurrir a Vizcarra en este escenario, bajo el supuesto de que sin el Congreso obstructor, ahora nada lo detiene para gobernar como se debe?
El gobierno del presidente Vizcarra podría hacer bastante para asegurar un crecimiento económico más rápido, tanto a corto como a mediano plazo. La primera cosa sería tener la valentía política para sacar adelante Tía María, un proyecto que ya ha cumplido todos los pasos reglamentarios. Claro que necesita gestión política, pero para eso está el gobierno. Luego hay que destrabar otros proyectos importantes de inversión, y ejecutar el presupuesto de inversión pública en infraestructura. En enero viajé por transporte público entre Trujillo y Chiclayo, un viaje de 200 kilómetros. El bus más rápido demoró 5 horas. Mantener las reformas de la educación es crucial, y se debe hacer mucho más en capacitación de la fuerza laboral. Creo que también que él tiene que dejar amarradas sus reformas de la justicia y de la política, incluyendo la bicameralidad, y derogar la absurda prohibición de reelección de congresistas (los peruanos ya se han encargado de enviar los malos a sus casas). El presidente tiene razón en la necesidad apremiante de mejorar la calidad de las instituciones democráticas del Perú. Pero la economía necesita un horizonte de certidumbre.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024