Fiscal Rodríguez Monteza busca abrir cárcel a acusados

Por: Doris Aguirre y Lupe Muñoz

De resolver la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia la casación a favor de Keiko Fujimori en los términos requeridos por el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, los imputados recluidos por los casos Lava Jato, Club de la Construcción y Los Cuellos Blancos del Puerto podrían recuperar la libertad. De acuerdo con Rodríguez, la lideresa de Fuerza Popular, y los miembros de su partido, Pier Figari Mendoza y Luis Mejía Lecca, además del exdirigente Jaime Yoshiyama Tanaka, se les ha aplicado la detención preventiva sin una adecuada motivación ni pruebas de los hechos que les atribuyen. Es el mismo argumento que esgrime la defensa de Fujimori y de todos los reclusos por su implicación en los casos de corrupción mencionados.

Conversaciones telefónicas entre el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza e integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fueron grabadas por la Policía por disposición judicial, a pedido de las fiscales de Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castro. El 12 de julio de 2018, cuando los periodistas de IDL-Reporteros iniciaron la divulgación de los contenidos que dejaban en evidencia la implicación de jueces, fiscales, miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, políticos y empresarios en una extensiva trama de corrupción, el fiscal supremo demandó que le entregasen las grabaciones, lo que fue rechazado. Rodríguez también es señalado por presuntamente haber dado aviso sobre la interceptación telefónica judicial a los implicados con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El requerimiento de Víctor Rodríguez Monteza para que la Corte Suprema acoja la casación de Keiko Fujimori es un elaborado cuestionamiento al uso de los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos a los que recurrieron los fiscales del Equipo Especial Lava Jato para sustentar el pedido de prisión preventiva para la excandidata presidencial y gran parte de los implicados que se encuentran en prisión.

En términos prácticos, para Víctor Rodríguez, las autoridades judiciales que dictaron detención preventiva contra Keiko Fujimori y los demás acusados violentaron las doctrinas legales vigentes y establecidas.

Golpe profundo

“La sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”, sostiene Víctor Rodríguez, para quien los fiscales del Equipo Especial Lava Jato no han probado nada porque todavía no hay juicio contra Keiko Fujimori y los otros acusados: “Solo iniciado el juicio se podría entender la existencia de sospecha grave y por ende solo en dicha etapa cabría dictar la prisión preventiva”, explica.

Por el contrario, la prisión preventiva permitió que los congresistas fujimoristas Rolando Reátegui Flores y Miguel Castro Grández se convirtieran en testigos protegidos y revelaran la participación directa de Keiko Fujimori en la captación de falsos aportantes para las campañas 2011 y 2016, y contribuyó a que Jorge Yoshiyama Sasaki confesara y delatara a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, quien le dio US$ 800 mil que luego fueron depositados por donantes fraudulentos.

Víctor Rodríguez no solo cuestiona a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato sino también a los magistrados como Richard Concepción Carhuancho, que dictaron detención preventiva, y a los integrantes de las Salas Superiores que rechazaron las apelaciones y confirmaron los mandatos de prisión. El fiscal supremo se respalda en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e, incluso, menciona que los jueces peruanos son conocidos en el mundo jurídico por abusar de la figura de detención preventiva.

Aludiendo a las resoluciones judiciales que ratificaron los mandatos de carcelería, el fiscal supremo señala: "No se ha efectuado el análisis correspondiente al pedido de prisión preventiva desde una perspectiva del control convencional y constitucional, así como de las consideraciones normativas y jurisprudenciales (...), los mismos que garantizan la defensa del principio de libertad (...) y de presunción de inocencia frente al carácter excepcional de la medida de prisión preventiva que tiende a restringir dichos derechos fundamentales".

Bajada de llanta

No obstante la abundante evidencia testimonial y documental presentada por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, e incluso de las acciones de obstrucción de algunos de los imputados para que no se conozca la verdad de los hechos, Víctor Rodríguez Monteza persiste a lo largo de las 51 páginas de su alegato en que no se han presentado pruebas contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía. “Se ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva sin valorar que la imposición de dicha medida exige la concurrencia de la existencia de elementos suficientes o sospecha grave de la comunión del evento punible y que vinculen al imputado con su realización y que implique habilitar la etapa de acusación e inicio de juicio”, apunta el fiscal supremo. De esta forma invalidaría las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes confesaron que la compañía constructora financió la campaña de Keiko Fujimori en 2011 y que el receptor del dinero fue Jaime Yoshiyama.

Por si fuera poco, las autoridades que aplicaron la detención preventiva a Keiko Fujimori tampoco consideraron su condición de madre de dos menores de edad, expresa el fiscal supremo. “Considerando que una de las partes procesales es mujer y madre de hijos en estado de niñez y/o adolescencia, ha debido corresponder al órgano jurisdiccional estimar o valorar la recomendación de la Corte (de San José) en dicho sentido”, arguye.

El 15 de agosto de 2018, la fiscal de Crimen Organizado del Callao, Sandra Castro, remitió al entonces fiscal supremo Pablo Sánchez un informe en el que le comunicaba que habían sido identificados fiscales y jueces relacionados con ‘Los Cuellos Blancos’, que pretendían capturar el Ministerio Público. Entre los que mencionó se encontraba, precisamente, Víctor Rodríguez Monteza: “El grupo quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y (el exconsejero) Guido Aguila con (el ex vocal supremo) César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Pedro Chávarry; para esto organizan encuentros con periodistas acudiendo a Antonio Camayo para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas. Los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encuentre manejado y controlado por ellos”, reportó la fiscal.

Por estos antecedentes, el exprocurador José Ugaz señaló que el fiscal supremo Víctor Rodríguez debió de abstenerse en pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori. “Es un fiscal cuestionado porque está vinculado con la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, que a su vez han revelado una suerte de contubernio entre fujimoristas y claramente el equipo del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, equipo del cual forma parte Rodríguez Monteza”, dijo Ugaz.

Para el exprocurador Joel Segura, el escrito de Víctor Rodríguez debe tomarse solo como una opinión. “La Corte Suprema resolverá de manera independiente el caso evaluando si se aplicó correctamente la norma procesal. Es muy limitado en su alcance. Verificará si se aplicó la ley o norma concreta de forma correcta. La casación no resuelve hechos y no se debe evaluar en base a lo que comenten las otras partes del proceso o terceros. Que un fiscal supremo se refiera en un escrito sobre el tema no debe tener impacto en la casación. Es solo una opinión”, expresó Segura.

De acuerdo con el exprocurador César Azabache, la Corte Suprema podría decidir la libertad de Keiko Fujimori y los otros acusados. “La Corte Suprema debe declarar si la Sala que vio este caso en apelación violó las doctrinas legales establecidas. Colateralmente, la Corte Suprema puede ordenar, en atención a lo que encuentre, que la prisión preventiva debe revocarse. Pero este no es, en principio, el centro del debate”, indicó.

“Pero cambian las cosas cuando un fiscal supremo decide que la defensa tiene razón. Cambian las cosas porque la defensa está denunciando que los criterios establecidos por la Corte han sido transgredidos por la Sala de Apelaciones. Entonces, cuando la Fiscalía le da la razón también a un pedido que supone la liberación de la señora Fujimori”, anotó Azabache.

El coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, en declaraciones a otros medios, señaló que el fiscal supremo Víctor Rodríguez debió abstenerse de pronunciarse sobre el caso porque está relacionado con el caso de Los Cuellos Blancos y no descartó que su propósito fundamental al intervenir fue motivado por buscar la excarcelación de Keiko Fujimori. “Es parte de una planificación estratégica en ese sentido”, dijo.

Datos

- Evidente. Víctor Rodríguez pasó por alto documentados casos de obstruccionismo del fujimorismo contra el equipo especial.

- Pruebas. Por ejemplo, cuando una decena de congresistas de FP pretendió impedir el allanamiento del local partidario.

José Ugaz: “Rodríguez es un fiscal falto de legitimidad”

- “La opinión de fiscales es solo eso, una opinión, no es vinculante. Por lo tanto, la Corte Suprema puede tomar la decisión que estime conveniente, pero Víctor Rodríguez Monteza es un fiscal falto de legitimidad, por lo tanto, su opinión, desde mi punto de vista, no debería ser tomada en cuenta”, manifestó el exprocurador anticorrupción José Ugaz.

- “No hay que olvidar que Rodríguez Monteza hace muchos años, cuando era fiscal adjunto, tuvo una conducta cuestionable. Incluso, lo incluí en una referencia que hice en mi libro (Caiga quien caiga), porque denunció a la Procuraduría del caso Fujimori-Montesinos alegando que había incurrido en un hecho delictivo durante un allanamiento. A todas luces era evidente que eso no era así, por lo que obtuvimos un fallo favorable. Creo que Rodríguez Monteza debió inhibirse. Cualquier cosa que él diga será criticable, precisamente por su cuestionable trayectoria”, señaló.

- Hoy viernes está previsto que la Corte Suprema vea la casación de Keiko Fujimori.

Antecedentes

- Caso 1. Víctor Rodríguez pasó por alto la compra de testigos por Luis Mejía Lecca.

- Caso 2. Tampoco mencionó el caso del jefe de Asesoría Jurídica del Congreso, el fujimorista Wilfredo Ponce de León, que pretendió enlodar al fiscal superior Rafael Vela Barba.

En el papel

Según Víctor Rodríguez Monteza, no son suficientes los testimonios incriminatorios de colaboradores eficaces y testigos protegidos.