El fracaso de la “masificación a puchos”

El problema es que el Estado no tiene (no quiere tener) un Plan Energético de Mediano Plazo ni tampoco un Plan de Masificación.

El problema es que el Estado no tiene (no quiere tener) un Plan Energético de Mediano Plazo ni tampoco un Plan de Masificación.

En Colombia, apenas se descubrió gas natural se aprobó un Plan Nacional de Consumo Masivo a través de gasoductos y tuberías para que llegue a los hogares y al transporte vehicular. De 1991 al 2001 se pasó de 400,000 a 2’500,000 hogares con gas. Hoy son 8’800,000 conexiones en un país de 50 millones de habitantes.

En Bolivia, desde 1994 hasta el 2006 existían 32,000 conexiones. Desde el 2007 hasta el 2018, con el Plan Nacional de Masificación ya hay 800,000 conexiones en este país de 11 millones de habitantes.  Dice el gobierno que en el 2020 la cobertura llegará al 95% de los hogares.

En el Perú, el gas de Camisea llegó a Lima en el 2014 y no hubo Plan Nacional de Masificación. Catorce años después, Lima e Ica son las únicas regiones que tienen 640,000 y 50,000 conexiones domiciliarias, respectivamente, en un país de 32 millones de habitantes.

Si calculamos 5 personas por hogar, en Colombia y Bolivia el gas llega al 88% y 37% de la población, respectivamente. En el Perú llega al 10.7% de la población. Los gobiernos de Colombia y Bolivia pusieron por delante el bienestar de sus ciudadanos, lo que implica la concepción de los Planes de Masificación como una inversión con prioridad social. Nosotros no.

En Colombia ese rol lo cumplió la estatal Ecopetrol, que construyó miles de kilómetros de gasoductos y redes de tuberías, en asociación con el capital privado. Cuando el negocio ya estaba en marcha, comenzó una privatización parcial (en el 2005 vendió la estatal Ecogás al Grupo Energía de Bogotá, GEB).

En Bolivia, jugó el rol central la refundada estatal YPFB desde el 2006 (fue “capitalizada” por Sánchez de Lozada en 1996), habiendo invertido US$ 900 millones solo en la masificación de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, El Alto, Santa Cruz y Chuquibamba, entre otras.

En Lima, la opción inicial para la distribución fue otorgar la concesión a Tractebel/Suez, que casi no avanzó. Luego cambió de dueño y desde el 2011 GEB (¿la recuerdan?) tiene el 60% de las acciones de Cálidda. En Ica Proinversión firmó contrato con Contugas (GEB es también la dueña acá) en el 2009 y en el 2014 comenzó sus operaciones

Hasta aquí había una cierta lógica, pues había que Lima y el contexto estaba sesgado a favor de iniciativas puramente privadas, sin participación del Estado. Pero lo que sucedió después ha marcado el fracaso completo de la masificación.

Desde el 2004 se planteó la construcción de gasoductos para la sierra, tomando el gas de Camisea en Ayacucho: fracasó porque “no había mercado para un proyecto rentable”. En el 2012 GyM ganó la licitación de Proinversión para distribuir gas comprimido. Por diversos motivos el proyecto se atascó, llegando a un arbitraje. Ahora Proinversión plantea licitarlo de nuevo y la meta es 113,000 clientes al final del año 8 en Ayacucho, Puno, Juliaca y Cusco, principalmente.

En la Región Piura el Ministerio de Energía y Minas lleva la licitación y planean 64,000 clientes al final del año 8. Todo está atascado por litigios diversos entre empresas y todavía no hay licitación.

En el 2013 Proinversión hizo dos licitaciones para distribuir gas natural licuado (GNL) de Peru LNG en Pampa Melchorita: una para varias ciudades del norte por 150,000 conexiones en 5 años, ganada por otro grupo colombiano, Promigas (Quavii). La segunda para varias ciudades del Sur por 64,000 conexiones en 7 años, ganada por la española Gas Natural Fenosa. Peru LNG debía construir un cargadero de 20 millones de pies cúbicos diarios y entregarlo en agosto del 2015 pero su paso fue de tortuga y recién lo entregó en diciembre, o sea que el GNL recién está llegando.

En el 2014 Proinversión licitó el Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión caducó en el 2017 pues no consiguió el cierre financiero. Uno de los concesionarios, Enagás, ha pedido un arbitraje al CIADI y hay acusaciones de corrupción. Este proyecto sí planteaba una verdadera masificación para el sur, por sus dimensiones y la posibilidad de la industria petroquímica.

Los otros proyectos (Piura, ciudades del norte, sur y de la sierra) son “engañamuchachos”). Si sumamos toda la demanda proyectada de esta “masificación a puchos” (incluyendo Lima) llegaríamos a 1´400,000 conexiones recién en el 2025, el 20% de una población de 35 millones (Bolivia ya está en 37%).

Los peruanos no estamos en el radar de la política neoliberal que, desde el gobierno, favoreció al lobby PeruLNG/PPK para exportar gas del Lote 56 por 620 mmpcd por 18 años, en lugar de satisfacer la demanda nacional, lo que sí se hizo en Bolivia y Colombia. El problema es que el Estado no tiene (no quiere tener) un Plan Energético de Mediano Plazo ni tampoco un Plan de Masificación. ¿Será “pura ideología” o hay agendas privadas ocultas? En cualquier caso, por eso estamos como estamos, en casi todo orden de cosas. Vamos a cambiarlo.

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