En su visita a Arequipa, Eduardo Vega Luna, integrante de la Comisión de Integridad y la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, habló sobre las verdades de la corrupción en los tres poderes del Estado.,El exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, llegó a la ciudad de Arequipa para participar del foro público Elecciones Regionales y Propuestas Anticorrupción. En este evento organizado por el Colectivo Macrosur, reflexionó sobre la vinculación de los gobiernos regionales en una red de corrupción que tiene vínculos con los tres poderes del Estado. El escándalo del CNM demostró que hay corrupción en todo lado... Da pena decirlo, pero la corrupción en el Perú es sistemática. No hay ninguna institución que no tenga problemas de corrupción. Este es un tema que se repite y no hubo forma de detenerlo o de controlarlo. La corrupción está en grandes esferas de la política peruana. Está en el sistema de justicia con vínculos muy claros que van hacia congresistas y empresarios, y luego a los gobiernos regionales. De alguna manera, la descentralización se ha visto afectada por la corrupción. PUEDES VER: Más del 90% de arequipeños no revisan hojas de vida ni planes de gobierno de candidatos ¿Cómo la corrupción afectó la descentralización? A través del desvío de fondos públicos que deberían estar destinados para servicios básicos, estos se han ido a la corrupción, y lo más grave, la desconfianza del ciudadano de las regiones y sus autoridades. Cálculos de la Contraloría señalan que más de S/14 000 millones anuales se van a la corrupción. Se habla de un círculo de la corrupción, ¿cómo se da en gobiernos locales? Hablamos de círculos o redes que empiezan en campañas electorales, a nivel distrital y regional, pero también se produce a nivel nacional. Se origina con el financiamiento privado de campañas. Hay regiones donde el problema es mayor, porque el financiamiento viene de actividades ilegales como el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y tala ilegal; en fin, una serie de actividades ilícitas. Financian a los candidatos con el objetivo de verse beneficiados siendo contratados como proveedores de la autoridad que ganó la elección. En las campañas electorales, se hipotecan los candidatos. Este círculo continúa con los malos expedientes de obra, la manipulación de las contrataciones por parte de comités de licitación. Los gobernadores y autoridades no actúan solos, tienen un grupo de personas que son puestas en puestos claves como logística, mantenimiento, presupuesto, planificación, gerencia general y asesoría jurídica. Se quiebra ese círculo de corrupción poniendo gerentes por méritos, en eso puede ayudar mucho Servir. En procesos amañados, los implicados aseguran que no hay corrupción porque se siguieron las normas de contratación. Los corruptos son muy hábiles y siempre le van a encontrar una debilidad al modelo de contratación. Por ejemplo, en el modelo de licitación con supervisión de la OSCE, los comités que eligen a los ganadores del concurso son nombrados por el gobernador. Ellos muchas veces manipulan y se someten a lo que dice la autoridad para elegir a un postor. También, está el sistema de administración directa, que no pasa por el control de la OSCE sino de la Contraloría. Hay en el país más de mil obras paralizadas y la mitad de ellas tienen que ver con el modelo de administración directa. ¿Cómo está el país en cuanto a la lucha anticorrupción? Es una situación delicada y hay que decirlo. Estos días estamos viendo una resistencia muy grande de fuerzas que no quieren combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, dentro del sistema de justicia, la Fiscalía y el CNM, pero también dentro del Ejecutivo, Congreso y gobiernos regionales. La corrupción no se queda en las regiones, va hacia el Gobierno central y regresa. ¿Qué se debe hacer? Cinco cosas. Primero, un liderazgo muy fuerte contra la corrupción. Luego, combatir la cultura de tolerancia ante la corrupción. Tercero, invitaría a los gobernadores a que acepten que Servir nombre a los funcionarios. Cuarto, los mecanismos de control e investigación deben actuar más coordinadamente; están Contraloría, OSCE, Fiscalía y Procuraduría. Yo siento que sus coordinaciones son mínimas. Por último, implementar mecanismos de denuncia y participación ciudadana. La ciudadanía está apartada de la lucha anticorrupción, ¿es porque ven impunidad? Sí, yo creo que puede ser hartazgo. En otros casos, la indiferencia o tolerancia. La Procuraduría maneja más de 32 000 casos a nivel nacional de denuncias ciudadanas. No hablamos de pocas denuncias, pero el problema es que cuando se ve que no funciona denunciar, las personas se hartan y mandan todo al diablo. La ciudadanía empezó a darse cuenta que donde no funciona la lucha anticorrupción es en el nivel de investigación ¿Cuántos altos funcionarios y gobernadores hay presos?, poquísimos. La justicia lamentablemente se toma su tiempo, y que lo haga. No podemos permitir lo que escuchamos en los audios, que muchas veces se negocian las sentencias. No hay muchas instituciones civiles que hagan una fiscalización permanente, más allá de las marchas. Hay un problema de tolerancia, pero también personas que no están dispuestas a soportar esta situación. Por mucho tiempo, la ciudadanía estuvo dormida frente a la corrupción; a partir de los audios, se demostró que hay ánimos de despertar, reclamar y denunciar. La corrupción tiene un lado especializado, debemos trabajar con instituciones que se especialicen en este tema. En Arequipa tenemos a Propuesta Ciudadana, las Mesas de Concentración y Lucha Contra la Pobreza. La corrupción atraviesa todo. Los colegios profesionales también deben aportar y no tener la práctica de que "otorongo no come otorongo". ¿Qué aspectos normativos deben modificarse para reducir la corrupción? Debe eliminarse o reducirse el aporte privado en campaña, pero con un control efectivo. No es posible que se le haya quitado a la ONPE las funciones de fiscalización permanente de los aportes; ahora la ONPE va a poder fiscalizar, pero después del proceso electoral, no tiene sentido. Tiene que haber sanciones de tipo político para los grupos que no cumplen con las normas de publicidad electoral. Las hojas de vida de los candidatos y sus planes de gobierno deben ser fiscalizados exhaustivamente. ¿La no reelección favorece la lucha anticorrupción? Eso lo vamos a ver recién, porque son estas autoridades que están saliendo las que no van a poder reelegirse. Hay varios que le están sacando la vuelta a la ley, porque el alcalde ahora va de teniente alcalde, sus hijos, su esposa o alguien de su familia. También, optan por ir a otro distrito.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Miercoles 20 de Noviembre del 2024