No se puede sanar sin justicia, por Eliana Carlín

La visita papal destacó la necesidad de sanar las heridas del pasado en Perú, mientras se cuestionan las decisiones políticas de Fujimori y Boluarte en temas de derechos humanos.

Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.
Decenas de familiares de víctimas de las protestas de 2022 e inicios de 2023 se reunieron en Cusco para buscar ser escuchados por el papa León XIV. Realizaron una vigilia y presentaron sus demandas.

Irse de casa siendo la anfitriona es una torpeza diplomática; hacerlo cuando el invitado es el sumo pontífice, una torpeza mayor. Keiko Fujimori recibió a León XIV en Palacio de Gobierno, pero partirá a China y Japón el 15 de noviembre y no estará en la misa de despedida. No es que el Papa necesite de la presencia de la mandataria, o de mandatario alguno, para hablarle a los católicos. Es que había alternativa: en el Senado se propuso que viajara un día después, y se cuestionó que la Cancillería no hubiera cruzado la agenda presidencial con las fechas de la visita. Los peruanos no merecemos un trabajo diplomático tan pobre, ni el Papa, que llegó semanas después de una cirugía, merece un desaire.

Pero el desaire es lo de menos. Lo importante ocurrió la primera noche, en el Gran Teatro Nacional. La presidenta dijo que el Perú “necesita sanar” sus heridas; el Papa respondió que el pasado debe tratarse “con justicia y sensibilidad”. Lo dijo frente a Keiko Fujimori, hija de un expresidente condenado por Barrios Altos y La Cantuta, y frente a Dina Boluarte, que gobernaba cuando murieron cerca de 50 manifestantes entre 2022 y 2023.

Ambas comparten algo más que la primera fila: la impunidad con firma. Fuerza Popular votó en bloque la ley que declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002, una norma que benefició al propio Alberto Fujimori y a unos 600 militares procesados. Después empujó la amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, que Boluarte promulgó en agosto de 2025 y que, según estiman las organizaciones de derechos humanos, alcanzaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales. Detrás de cada cifra hay un expediente cerrado y una familia que ya no tendrá sentencia.

La promesa de “orden” que hoy ofrece el gobierno descansa sobre esa misma lógica: fuerza sin rendición de cuentas. Cuando el Estado le asegura a quien disparó que nunca será juzgado, no está garantizando el orden. Está abaratando el próximo exceso.

La reconciliación que se ofrece desde Palacio es sanar sin justicia: pedirles a las víctimas que olviden lo que el Estado se niega a juzgar. Ya en agosto el vocero del Arzobispado de Lima advirtió que la reconciliación no puede ser “de finta”. El Papa vino a recordarlo en su casa. La anfitriona, en cambio, tenía otro vuelo.

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