Sin marca propia 100 días después, por Eliana Carlín

Esta semana el gobierno de Keiko Fujimori cumplió cien días y la ciudadanía ya le puso nota. Según Datum, solo 10% lo considera un buen gobierno; 38% lo califica de malo y 47%, de regular. El 68% cree que no se ha avanzado nada contra la inseguridad, en cien días que dejaron 621 homicidios —más de seis por día—, mientras el Ejecutivo no ha hecho uso de las facultades que tanto pidió.

La calle confirma lo que dicen las encuestas. En Trujillo, que fue bastión fujimorista, la visita presidencial al penal El Milagro terminó con familiares de internos exigiendo información sobre sus muertos y un huevo contra el vehículo oficial. En Huánuco, miles de personas paralizaron la ciudad por la falta de agua potable y fueron dispersadas con gases lacrimógenos. Protestan contra un Estado que no responde.

Keiko Fujimori prometió orden y se tomó quince años para preparar su llegada al poder. Aun así, a los cien días ha terminado siendo uno más de los gobiernos que siguieron a la caída de Pedro Castillo. No ha habido un solo hecho político que la ponga un peldaño por encima de esa serie, ni que le otorgue una marca propia.

Para entender a este gobierno hay que verlo desde la militarización de la política: la sustitución de la deliberación por la fuerza como respuesta del Estado al conflicto social. Su fase actual tiene fecha de inicio: diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo. Desde entonces el Estado respondió a la protesta con estados de emergencia y armas: mató a 49 personas, y sus familias siguen sin justicia. Luego el Congreso convirtió esa lógica en norma: la Ley 32419 de amnistía, promulgada por Dina Boluarte con el respaldo de Fuerza Popular, y la voluntad fujimorista, expresada públicamente, de extender ese perdón a quienes actuaron en 2022 y 2023.

Fuerza Popular no heredó ese ciclo: lo inauguró, co-gobernando desde el Parlamento. Hoy, desde Palacio, lo profundiza. Su respuesta a la inseguridad es un comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía con centro de operaciones en el Cuartel General del Ejército. Manuel Pulgar Vidal, en su reciente columna, cuenta nueve deudas que limitan a la presidenta; dos de ellas, la militar y la policial, explican mejor que ninguna esta orientación. Cuando un gobierno debe su posición a quienes portan las armas, la seguridad deja de ser política pública y la política misma se subordina a la fuerza. Y la evidencia regional es clara: México, desde 2006, enseña que desplegar militares sin reformar la policía, la inteligencia y la justicia no reduce la violencia de manera sostenida.

Al lado de la mano dura aparece la frivolidad: los sombreros, el "tap, tap" de TikTok. La vanidad ejercida desde el poder es otra continuidad con el periodo de Boluarte, igual que los nombres de sus "nuevos" funcionarios. Reciclados de ese periodo, aportantes de campaña y reencauchados de los noventa no forman un equipo de gobierno: forman una red de lealtades.

El ciclo de las políticas públicas toma tiempo, pero exige trabajo serio. La programación presupuestal, los proyectos priorizados, el avance de las políticas nacionales y los programas sociales no se construyen con transmisiones de TikTok. Se construyen con equipos técnicos, metas medibles y rendición de cuentas. Nada de eso se ha visto en cien días.

Lo que la ciudadanía más le valora es el "orden" en las escuelas. Aun así, es su principal acierto para apenas 21% de los encuestados, y responde a un enfoque poco técnico que no resuelve los problemas de fondo. Lo que no existe es una idea propia de país.

El Congreso anterior le abrió la puerta a este gobierno a través de terceros: Boluarte, Jerí y Balcázar. Keiko Fujimori ya gobernaba antes de ponerse la banda. A los cien días, lo único nuevo es que ahora tiene que responder directamente.