
El 11 de septiembre de este año, por primera vez desde que volvió la democracia a Chile, el gobierno de José Antonio Kast decidió no realizar ninguna ceremonia de conmemoración por el aniversario del golpe de Estado de 1973, que marcó el inicio de una de las más crueles dictaduras en el mundo. Esta semana, la diputada oficialista Javiera Rodríguez sostuvo que los defensores de derechos humanos eran “empresarios del dolor ajeno”, lo que generó la reacción de la diputada Lorena Pizarro, quien lleva 50 años buscando a su padre desaparecido por la dictadura de Pinochet.
En octubre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó retirar 64 obras del Museo Nacional en Bogotá en el contexto de su autodenominada “contrarrevolución cultural”. Entre los objetos retirados estaban un impreso sobre derechos reproductivos de la mujer y el lapicero con el que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, hecho de casquillos de bala. Además, el presidente ha iniciado acciones contra la Jurisdicción Especial para la Paz, se luce con un arma y hace unos días firmó con su nombre y le hizo la señal de la cruz a una bomba que fue utilizada en una operación militar.
Estos son algunos ejemplos de los discursos violentos y negacionistas que se vienen propagando como un guion por gobernantes elegidos por poblaciones que se sienten representadas por ellos. El miedo ante la criminalidad organizada y la promesa de un “nuevo orden” van consolidando regímenes autoritarios donde los indicadores de democracia se reducen apenas a elecciones periódicas.
Sin embargo, la historia nos ha demostrado que los autoritarismos afectan sobre todo a las personas más vulnerables porque en las guerras nunca mueren quienes las declaran y la mano dura solo cae sobre quienes no pueden defenderse. El negacionismo reinante es la vereda hacia la muerte, la injusticia y la impunidad y, por ello, el deber de memoria se vuelve una garantía para la democracia y, sobre todo, para preservar la vida.

Discursos negacionistas y autoritarios se han intensificado en América Latina, afectando a los más vulnerables y cuestionando la memoria histórica como un pilar fundamental de la democracia.

La reciente resolución de la Corte Suprema que ratifica la condena a siete exmilitares marca un hito en la lucha por justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en la región.

El fiscal reconoció que se configuraron elementos de crímenes de lesa humanidad, pero decidió archivar el caso, a pesar de la demanda de inconstitucionalidad presentada en 2024.

La aplicación del control de convencionalidad no solo es obligatoria, sino que nos protege contra la impunidad

Desde amenazas a parejas gays hasta agresiones sexuales, distintos casos demuestran cómo la violencia se alimenta de concepciones rígidas de masculinidad.