Pacto gobernante censura libertad de expresión
Gobierno y Congreso tienen como fin someter al periodismo de investigación en el Perú.
La República en GoogleHace unos 10 días, el gobierno publicó la ley N° 32301, que modifica la ley 27692, conocida como ley APCI, para, según ellos, “contribuir a la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional”.
Sin embargo, lo que ocurre realmente es que pretenden coartar la libertad de expresión de los periodistas. ¿Cómo? Al obligar que los medios periodísticos que reciben fondos de cooperación internacional para financiar sus investigaciones, estén obligados a informar a las autoridades estatales el registro detallado de la ejecución del gasto.
Forzar a las organizaciones de prensa que informen sobre sus actividades es una estrategia de manual usada por los gobiernos dictatoriales que hoy conocemos como el de Nicaragua y Venezuela.
La normativa impone un marco legal que si bien usa el hostigamiento como método, tiene claramente, como último peldaño, la desaparición de la opinión disidente y la pluralidad del periodismo de investigación en el Perú.
Si bien La República no dependió ni depende financieramente de recursos provenientes de cooperación internacional, reconoce el esfuerzo profesional de diversos medios alternativos que procuran aportar a la ciudadanía información veraz diversa.
Y es que esta disposición arbitraria prepara el camino para silenciar no solo a la prensa sino a cualquier opinión disidente que se atreva a denunciar los abusos de quienes se han hecho del poder.
Los mencionamos claramente. Son Fuerza Popular, el cerronismo agrupado entre Perú Libre y el Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, y Somos Perú, aquellas bancadas que aprobaron esta ley. Y, por supuesto, el gobierno de Dina Boluarte, que explicita su miedo frente a las pesquisas con suficientes pruebas en su contra.
Pero queremos ser enfáticos: la prensa, como la ciudadanía, debe estar unida contra la persistencia de esta ley que amordaza los derechos constitucionales de libertad mínimas para una democracia.
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