Hablemos de justicia, por César Azabache

En su columna del 26-MAY Rosa María Palacios ha puesto un alerta sobre la contraofensiva que la coalición que controla el Congreso puede tramar. En los últimos días la coalición ha perdido dos casos emblemáticos relacionados con las fiscalías: Patricia Benavides ha sido destituida y Zoraida Ávalos repuesta en el cargo por orden judicial.

Relajados todos los controles políticos, las fiscalías representan la llave de la responsabilidad en nuestro medio; el dispositivo que define la diferencia entre castigo o impunidad. Han sido una presa codiciada en este interminable saqueo institucional en que vivimos. Pero ahora están nuevamente en manos de sí mismas. Eso hace altamente probable que una resaca intente volver las cosas un paso atrás.

Sin embargo, estamos cada vez más cerca de un hecho que no tendrá cómo ser revertido: la nueva Junta de Fiscales Supremos debe decidir pronto quién gobernará esta entidad en adelante. Las opciones son Villena (ahora interino) y la señora Espinoza (recientemente reincorporada).

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Esta será una elección hecha por votación, no por concurso. En nuestro sistema legal las elecciones que se organizan de esta manera no son reversibles, salvo defectos que no pueden ocurrir en una asamblea de solo 4 miembros. Una nueva demanda contra la destitución de Benavides o contra la reposición de Ávalos, tenga el formato que tenga, no tendrá cómo alcanzar la elección de un nuevo (a) fiscal de la Nación.

Cuando se haga esta elección las fiscalías quedarán fuera del alcance de quienes persiguen controlar todas las instituciones que deben mantenerse autónomas por mandato de la Constitución.

Una política de medios

Una nueva Fiscalía de la Nación, libre de la zaga de los conflictos recientes, podría, para empezar, definir una política transparente que equilibre las relaciones entre fiscalías y medios. Ahora que tal política no existe, la revelación de actas fiscales o de evidencias a la prensa se produce en situaciones que no están libres de la subjetividad de quien las tiene bajo custodia. Encuentro simple notar que en determinados casos estas filtraciones tienen por objeto proteger procesos. Pero hay otras en las que encuentra sentido sospechar que existen canjes de noticias por respaldo. Esto no puede continuar si queremos fiscalías que actúen como parte de una institución y no como espacios de voluntarismo individual.

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Con una Fiscalía de la Nación equilibrada, alejada de la custodia de sus propios intereses personales o familiares, el espacio para definir esta política queda abierto.

Una política comunitaria 

Pero hay más. Ahora se hace posible definir nuevos espacios de comunicación entre las fiscalías de primera instancia y las comunidades en que ellas están ahora instaladas.

Me explico: Una de las críticas más importantes al sistema de justicia en el último cuarto de siglo ha sido su adscripción a capitales de provincia. Esta crítica valió tanto para las fiscalías como para los juzgados. Pero desde hace algunos años en ambos frentes, silenciosamente y a distintas velocidades, se ha empezado a modificar el mapa demográfico de juzgados y fiscalías.

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Las fiscalías y los juzgados han ido saliendo de sus solemnes edificios centrales de capital de provincia para instalarse en distritos o grupos de distritos municipales. El esfuerzo ha sido loable. Pero se ha hecho en silencio. En consecuencia, quienes habitamos las nuevas jurisdicciones de fiscalías y juzgados seguimos sin conocer a las autoridades que están a cargo de la justicia. No conocer a nuestros (as) fiscales y jueces les hace invisibles; simbólicamente ausentes, y eso hace relativamente inútil el esfuerzo por reubicarles. El vacío generado por el silencio nos impide desarrollar relaciones constructivas que instalen el mensaje que ambas instituciones portan, la vigencia de la ley, como un factor de construcción de moralidades cívicas locales.

Ya que el esfuerzo existe, lo mejor es aprovechar al máximo su rendimiento institucional. Aquí es donde entran en juego las políticas comunicacionales dirigidas a construir reputaciones sostenibles en ambos espacios, fiscalías y juzgados. Me refiero a políticas dirigidas a tejer mallas de relaciones que pongan a ambas entidades frente a las personas a las que se deben sus servicios. Estas políticas ahora no existen ni en el judicial ni en las fiscalías. Y son imprescindibles porque las fiscalías y los juzgados deben instalarse en la vida cotidiana de las personas si queremos que la justicia sea algo más que una aspiración vacía de contenido.

Un Gobierno equilibrado de las fiscalías puede abrir el espacio que requiere la definición de políticas como esta.

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Retomando la justicia

La justicia no es solo la justicia de las cúpulas políticas. Casos emblemáticos como los casos Odebrecht o los casos Benavides tienen una función en la medición del desempeño de la justicia, pero no agotan el problema.

La justicia es ante todo la justicia de la vida cotidiana. Su instalación como institución no puede juzgarse completa si la existencia de las fiscalías y los juzgados, expresión concreta de la ley, no ha entrado en la lista de cosas que una persona toma en cuenta antes de insultar a otra, de maltratar a un trabajador del vecindario o a un familiar instalado en su casa o tomar la justicia por mano propia.

La justicia es tal en la medida en que las reglas de derecho adquieren un papel en la definición cotidiana de nuestras controversias.

Y a eso no hemos llegado.

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Colofón

Tenemos que mover el centro del sistema desde las controversias en la cúpula a nuestras vidas cotidianas. Para eso necesitamos políticas públicas institucionalmente definidas, no fiscales que quieran rescatarse a sí mismos o a sus familiares de casos personales.

Podemos construir un nuevo equilibrio.

¿Por qué no hacerlo?