La dictadura de la mediocridad e impunidad, por Efraín Gonzales de Olarte

El divorcio entre la economía y política en el Perú, comentado por varios analistas, tiene su origen en las reformas neoliberales que realizara el Gobierno de A. Fujimori hace treinta años. Para algunos analistas económicos, esto significa que cualquier decisión política no ha de afectar el proceso económico y se alegran de que sea así. Sin embargo, este divorcio no es para regocijarse, pues el Congreso puede, como lo está haciendo, destruir una serie de instituciones estatales que garantizan el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos, sin que la actividad económica sea afectada.

Lo peor de esta situación es que congresistas de extrema izquierda y derecha y los sin partido, que no tienen quien los fiscalice, actúan impunemente y toman decisiones para limitar el poder de control y fiscalización de algunas instituciones con el propósito de quedarse hasta el 2026, obviamente para seguir cobrando sus sueldos y gozando de las prebendas del poder. Frente a estas decisiones, el Gobierno de Dina Boluarte no hace nada para impedirlo, por las mismas razones y aún más. Ante un Congreso mediocre, mercantilista y destructor de lo poco de institucionalidad que tiene el Perú, la respuesta debería ser disolverlo, lo que sería el preludio de “nos vamos todos”. Pero la presidenta Boluarte no lo puede hacer porque tendría que responder ante la justicia por los más de 60 muertos de diciembre y enero pasados. En consecuencia, no solo no observa las leyes debilitantes del Estado de derecho, sino que está de acuerdo con los congresistas de ir hasta el 2026.

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En buena medida el Perú tiene una dictadura de la mediocridad y de la impunidad, en la cual el Congreso es quien tiene la iniciativa para todo tipo de cambios, está reemplazando al Ejecutivo y al debilitado Poder Judicial en varios aspectos. Lo insólito es que esta dictadura se ejerce no por algún partido o coalición de partidos, pues no existen como tales, sino por grupos de congresistas que lo hacen para salvaguardar sus intereses particulares. Estamos frente a la dictadura de parlamentarios de una chatura nunca antes vista, de izquierda y derecha que, deliberadamente o no, están llevando al establecimiento de un régimen político autoritario.

¿Cuál será el efecto de este “estilo” de gobernanza en el futuro próximo? Por un lado, la economía seguirá dependiendo de los precios internacionales de las exportaciones y del manejo del BCRP; por otro lado, las decisiones políticas que se están tomando, dado el Estado chico que tiene el Perú y la ineficacia del aparato del Estado, su efecto en la actividad económica será mínimo, es decir, seguirá el divorcio entre economía y política. Adicionalmente, la reputación internacional que tiene el Perú y su Estado —crisis política, derechos humanos, abuso del poder— no es un buen aliciente para la entrada de nuevos capitales, salvo los chinos cuya estrategia geopolítica es invertir en el Perú, sin importarles si hay o no democracia.

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De aquí al 2026, la economía peruana tendrá un bajo crecimiento, dependiente de la coyuntura internacional que está supedita a la incertidumbre, dada la invasión de Rusia a Ucrania, las elecciones americanas, la derechización de la política casi a nivel planetario, en verdad un panorama bien oscuro. Sus efectos serán: reducción de la inflación, la pobreza no disminuirá mucho, la informalidad no se reducirá, pues está siendo favorecida por las leyes aprobadas por el Congreso y por el Ejecutivo. Es suma, los peruanos no nos beneficiamos en nada con este Gobierno.

Bajo este escenario aguantaremos hasta el 2026, con empeoramiento de la democracia, y la probable exacerbación de conflictos sociales, salvo algún acontecimiento que cambie el curso actual, impredecible en este momento.

Perú ya no vale un Perú.