Madres buscadoras exigen acceso libre al rancho Teuchitlán, donde hallaron hornos clandestinos: “Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo"

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha sido señalado como un presunto centro de exterminio y adiestramiento del crimen organizado. Este predio, escenario de múltiples denuncias, se encuentra en el centro de la polémica tras un recorrido realizado por colectivos de búsqueda y autoridades federales y estatales. Durante la visita, madres de personas desaparecidas denunciaron irregularidades en la investigación, acusando a la Fiscalía General del Estado (FGE) de manipular la evidencia y simular trabajos forenses.

El Rancho Izaguirre, conocido en la región por su presunta vinculación con actividades criminales, ha sido foco de atención desde que se descubrió una serie de prendas y calzado en el lugar, lo que alertó a los colectivos de búsqueda sobre la posible existencia de fosas clandestinas. En medio de la indignación de los presentes, se acusó a las autoridades de restringir el acceso a áreas clave del predio, impidiendo a los familiares realizar sus propias búsquedas.

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Un recorrido lleno de críticas y denuncias: madre buscadoras denuncian la alteración de la zona

El 5 de marzo, los colectivos de búsqueda, entre ellos Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron convocados por autoridades federales para realizar una inspección en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de controversias. Los familiares de personas desaparecidas expresaron su frustración al encontrarse con lo que calificaron como un "montaje" por parte de la FGE. Según los testimonios, varias zonas clave del rancho no fueron intervenidas, a pesar de las alertas previas sobre su posible relación con la desaparición de personas.

Una de las denuncias más impactantes fue la de una madre buscadora, quien, entre lágrimas, insistió en que excavaran un área específica del rancho donde, según su experiencia, podría haber una fosa clandestina. A pesar de que el lugar parecía tener características que indicaban un posible hallazgo, las autoridades no autorizaron su excavación en ese momento. La situación generó tensión entre los presentes, quienes se sintieron desilusionados por la falta de respuesta ante sus exigencias.

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Manipulación de evidencia y falta de transparencia

Los colectivos de búsqueda señalaron que, además de las omisiones en la excavación, la Fiscalía General del Estado de Jalisco habría colocado estratégicamente la evidencia encontrada, con el objetivo de dar una apariencia de control y orden al sitio. Patricia Sotelo, madre de una víctima desaparecida, criticó el estado en que encontraron el rancho. "Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor", declaró visiblemente molesta.

Además, otros testimonios indicaron que prendas de ropa y objetos personales aún se encontraban ocultos entre piedras, lo que evidenció que las autoridades no habían realizado una revisión exhaustiva en todo el terreno. Esta situación generó aún más desconfianza en los colectivos, quienes demandaron mayor transparencia en el proceso y la posibilidad de realizar su propia investigación.

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La intervención de la Fiscalía General de la República

Ante las graves denuncias de irregularidades en el cateo realizado en septiembre de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del Rancho Izaguirre. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reconoció públicamente las fallas en la labor de la FGE, indicando que no se levantaron huellas, no se aseguraron los hallazgos y no se realizaron entrevistas a los pobladores cercanos al lugar. Estos errores, según Gertz, podrían haber comprometido la integridad de la investigación.

La FGR también investiga si el Rancho Izaguirre se utilizaba como crematorio clandestino, debido a la gran cantidad de prendas halladas en el lugar. Según el fiscal, se encontraron identificaciones de personas detenidas en otras regiones del país, lo que refuerza la hipótesis de que el rancho podría haber sido un centro de operaciones del crimen organizado.

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Restricciones al acceso y falta de respuestas

Una de las mayores preocupaciones de las madres buscadoras fue la restricción de acceso a diversas áreas del predio. A pesar de las promesas iniciales de mayor transparencia, las familias solo pudieron permanecer en el sitio durante un tiempo limitado. La presencia de la Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal dificultó la movilidad dentro del rancho, lo que generó un sentimiento de impotencia entre los presentes.

Patricia Sotelo, quien también ha sido una de las activistas más vocales en las denuncias contra las autoridades, señaló que las familias no pudieron realizar su propia revisión del terreno. "Nos dieron 20 minutos porque había mucha gente, pero no se puede trabajar así", expresó. Además, las familias lamentaron la ausencia de los fiscales Alejandro Gertz Manero y Salvador González de los Santos, quienes habían prometido acompañar la visita.