ONU alerta que Paraguay promulgó "ley anti-ONG": "Aleja al país de los estándares internacionales de derechos humanos"

La ONU y diversas organizaciones internacionales han emitido una fuerte alerta tras la promulgación de una nueva ley de transparencia en Paraguay, que impone estrictas regulaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta ley, firmada por el presidente Santiago Peña el pasado 15 de noviembre, ha sido calificada por sus detractores como un retroceso en los derechos humanos y un freno al financiamiento internacional para las ONG locales.

Según la ONU, la ley limita gravemente la libertad de asociación y transparencia, pilares fundamentales de una sociedad democrática. Si bien no prohíbe explícitamente el financiamiento exterior, las nuevas exigencias burocráticas y el registro obligatorio de las organizaciones extranjeras podrían generar un clima de desconfianza que desincentive la cooperación internacional.

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¿Qué establece la nueva ley de Paraguay para las ONG?

La ley de transparencia obliga a las ONG a presentar informes anuales detallados sobre sus fines, programas y personal, con un nivel de detalle que según los expertos es burocráticamente excesivo. Manuel Riera, abogado vinculado a organizaciones sociales, advirtió que los nuevos requisitos "son condiciones leoninas que van a desincentivar su operatividad" en Paraguay, dada la carga administrativa que implican.

Las organizaciones también deberán registrar la información de los profesionales que trabajen con ellas. Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), señaló que las ONG extranjeras probablemente se negarán a registrarse en Paraguay debido a las complejidades del proceso, lo que afectará el financiamiento internacional para las organizaciones locales.

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¿Por qué la ONU y otros organismos internacionales rechazan la ley?

La ONU, la OEA y otras organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación sobre el impacto de la ley en los derechos humanos en Paraguay. En una carta enviada al presidente Santiago Peña, Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos de libertad de reunión y asociación, advirtió que la ley "aleja a Paraguay de los estándares internacionales de derechos humanos".

Además, la consultora internacional Oxford Analytica calificó la ley como un paso hacia un giro autoritario, alertando que podría restringir gravemente el espacio para la sociedad civil y dificultar su capacidad para ejercer control sobre el poder estatal. La medida ha sido comparada con legislaciones similares en países con antecedentes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, lo que aumenta las preocupaciones sobre el futuro democrático de Paraguay.

¿Qué consecuencias podría tener la ley para las organizaciones en Paraguay?

La ley podría tener consecuencias graves para el futuro de las ONG en Paraguay. Aunque el presidente Peña aseguró que la reglamentación será participativa, las críticas siguen creciendo. La oposición política y las organizaciones civiles temen que este tipo de medidas sean un preludio de un desplazamiento de la democracia en el país, con la restricción del control social sobre las políticas gubernamentales.

El impacto más inmediato podría ser la reducción del financiamiento internacional, ya que las ONG extranjeras pueden verse desincentivadas a operar en Paraguay debido a las exigencias burocráticas. Además, si estas organizaciones locales pierden su capacidad operativa, también disminuirá su influencia en la agenda pública y en la defensa de los derechos humanos.