@gfaveron Cada vez que alguien recuerda que el cardenal Cipriani recibe un sueldo del Estado, él se apura a aclarar que se trata de “una propina” que no hay que tomarse en serio. Según el Ministerio de Justicia, encargado del pago, el Estado le da a cada obispo el equivalente a 207 dólares mensuales, a cada arzobispo 290 y a cada sacerdote 27 (información de la agencia católica ACI Prensa). El asunto es que en el Perú hay cuarentaiún obispos, siete arzobispos y unos 2 mil 850 sacerdotes, lo que quiere decir que la planilla anual es de más de un millón de dólares. La graciosa Constitución de 1993 que nos dejó de regalo el fujimorismo dice que, “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”. Ese artículo, el número 50, es el que justifica que el Estado pague esos sueldos y exceptúe de diversos impuestos a la Iglesia. La justificación es “histórica” y “moral”. Yo creo que el rol histórico y moral de la Iglesia en el Perú es demasiado discutible para esa consagración, que su papel reciente bajo el principado de Cipriani es cada vez más indignante y que nunca hubo un mejor momento para desembarazarse (perdón por el verbo) de ese concubinato (perdón por el sustantivo). En el país del Sodalicio, los pedófilos de confesionario y el cardenal misógino, no tiene sentido que la plata del pueblo se use para mantener esa estructura dañina y desvirtuada.❧
