
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró ilegales diversos cobros y exigencias establecidos por las municipalidades de Huancayo, Lima y Perené, además de cuestionar disposiciones de otras entidades públicas. Las decisiones fueron emitidas mediante cinco resoluciones publicadas en 2026 y comprenden trámites relacionados con constancias de posesión, permisos vehiculares y autorizaciones de publicidad exterior.
Entre las medidas observadas figuran pagos municipales de hasta S/536,90 y requisitos documentales que no contaban con respaldo normativo. La entidad también declaró irrazonable el plazo de vigencia de determinadas autorizaciones sanitarias del Ministerio de Salud, debido a que la institución no sustentó esa limitación.
Uno de los pronunciamientos alcanzó a la Municipalidad Provincial de Huancayo, que deberá dejar de exigir once cobros por derechos de tramitación y tres requisitos documentales incluidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Los pagos cuestionados iban de S/31 a S/536,90 y correspondían a gestiones como certificados de numeración, constancias de posesión, parámetros urbanísticos, documentos catastrales y visación de planos. Indecopi determinó que la comuna no acreditó que los montos respondieran al costo real de los servicios ni que se calcularan conforme a la metodología legal.
También fueron declaradas ilegales tres exigencias para obtener una constancia municipal de posesión: una declaración jurada del solicitante, declaraciones de tres vecinos cercanos y una copia fedateada del recibo de autovalúo. Según la resolución, estos documentos no forman parte de los requisitos exclusivos establecidos en la normativa de vivienda. Asimismo, Indecopi cuestionó la autorización municipal para publicidad en vehículos y la exigencia de fotomontajes en Lima, además de la suspensión de permisos para vehículos menores en Villa Perené.
Las resoluciones también alcanzaron a la Municipalidad Provincial de Puno y a otras disposiciones administrativas. En el caso de Villa Perené, Indecopi declaró ilegal la suspensión de permisos de operación para vehículos menores durante el periodo 2018-2028, al no encontrar sustento normativo para paralizar esos procedimientos. La municipalidad deberá evaluar las solicitudes y responder dentro del plazo legal, aunque la decisión no significa que los permisos deban concederse automáticamente.
Por otro lado, la entidad declaró ilegal exigir un documento de fecha cierta para acreditar la titularidad de un predio y obtener un certificado de posesión destinado a servicios básicos. Además, consideró irrazonable que las autorizaciones sanitarias para desinfectantes y plaguicidas tengan una vigencia de tres años, debido a que el Ministerio de Salud no justificó esa restricción.

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