
El Poder Judicial dictó 14 meses de prisión preventiva para tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por solicitar S/4.000 para no ejecutar una detención en el distrito de San Martín de Porres. Los procesados también se habrían apoderado de S/6.000 durante la intervención, según el Ministerio Público.
La medida restrictiva recae sobre los agentes Randy S., David C. y Anggelo D., por la presunta comisión de los delitos de concusión en agravio del Estado, y robo agravado, en perjuicio de un ciudadano, informó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Norte.
Según la investigación fiscal, el 16 de octubre de 2026, parte de los investigados y agentes policiales en proceso de identificación intervinieron, vestidos de civil y presuntamente de manera irregular, una vivienda en la avenida Antúnez de Mayolo.
En el lugar, los efectivos intervinieron a una ciudadana y su padre, sindicándoles como cómplices del sujeto que buscaban. En esas circunstancias, Randy S. se comunicó por teléfono con la pareja de la intervenida y negoció la entrega de S/4.000 para el día siguiente a cambio de no detener a los intervenidos.
Tras el acuerdo —siguiendo con la versión fiscal—, la ciudadana presuntamente agraviada retornó a su domicilio, donde se percató de la desaparición de S/6.000, hecho que habría ocurrido durante la intervención de los efectivos policiales.
Ante ello, la pareja de la mujer denunció el hecho ante la Policía Anticorrupción, cuyos agentes realizaron acciones propias de su función previo a la entrega del dinero acordado. El monto fue recogido por los investigados, quienes fueron detenidos en flagrancia cuando se desplazaban a bordo de dos automóviles por la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.
Durante la audiencia de prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público sustentaron como elementos de convicción el acta de intervención, la declaración de los agraviados y otros testigos, así como la visualización de los registros de las cámaras de seguridad y de los celulares de sus coimputados, en los que se aprecian los grupos mediante los que mantenían comunicación.
El equipo fiscal también expuso la búsqueda de fuente abierta (Yape, Renteseg y Google Maps), que fueron fundamentales en la identificación de coordenadas y titularidad del número celular de donde realizaban las solicitudes; la perennización y aplicación de reactivo a los billetes que serían entregados por el denunciante; el acta de verificación de reactivo luminol, entre otros elementos.

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