
Un nuevo caso de violencia motivada por la orientación sexual ha generado indignación en redes sociales. Un hombre amenazó de muerte e insultó con expresiones homófobas a dos clientes que almorzaban en un restaurante McDonald’s, en el distrito limeño de Miraflores. El incidente ocurrió el lunes 12 de octubre y quedó registrado en videos difundidos por uno de los afectados en Instagram.
"Los mato, y lo peor es que no bromeo", se escucha decir al sujeto en una de las grabaciones. Durante el altercado, también sostuvo que la homosexualidad era un pecado y que las personas homosexuales irían al infierno si no se arrepentían. En otro video, el hombre se identificó como “homófobo” y expresó su rechazo a que personas homosexuales se le acercaran o lo miraran.
De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, la agresión ocurrió mientras compartía un almuerzo con un compañero, luego de salir de un salón de manicura. Según su versión, el hombre se acercó sin que hubiera una provocación previa y comenzó a lanzar comentarios discriminatorios.
El denunciante cuestionó que algunas personas utilicen sus creencias religiosas para juzgar a otras por su orientación sexual. Aunque el agresor habría intentado disculparse, ambos rechazaron el gesto. El personal del establecimiento intervino para retirarlo del local y brindó asistencia a los afectados.
"Soy una persona fuerte, he atravesado muchas situaciones difíciles en la vida y suelo mantenerme firme. Pero hoy me sentí muy vulnerable, y todavía me siento así. Nadie debería pasar por algo como esto", manifestó el denunciante, quien anunció que iniciará acciones legales.
Asimismo, advirtió que este tipo de agresiones puede afectar con mayor intensidad a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "Esto no puede quedar impune. Vamos a ir hasta el final", sostuvo.
Tras la difusión de las imágenes, Arcos Dorados, operador de McDonald’s, emitió un comunicado el 12 de octubre en el que condenó lo ocurrido y expresó su rechazo a cualquier forma de discriminación dentro de sus establecimientos.
"Rechazamos y condenamos enfáticamente la conducta mostrada por la persona que aparece en el video hacia otros clientes en nuestro restaurante", señaló la compañía. Además, remarcó que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de discriminación.
La empresa indicó que su personal contactó a las autoridades competentes inmediatamente después del incidente y brindó asistencia a los clientes afectados. También, aseguró que mantuvo comunicación con ellos durante los días posteriores para expresarles su respaldo y acompañamiento.
"Asimismo, asistiremos a las autoridades en las investigaciones que resulten pertinentes", agregó Arcos Dorados, sin proporcionar detalles adicionales sobre la identidad del hombre involucrado.
Las grabaciones provocaron una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios reclamaron que se identifique al responsable y se esclarezcan los hechos. Entre las figuras públicas que reaccionaron al caso figuran la actriz y activista trans Javiera Arnillas, el actor Stefano Meier, la cantante Daniela Darcourt, la excongresista Susel Paredes y el integrante del Colectivo Marcha del Orgullo, Jorge Apolaya.
En las plataformas digitales también circularon señalamientos sobre la presunta identidad del agresor. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera independiente y debe ser verificada por las autoridades competentes.
El caso vuelve a poner en discusión la discriminación por orientación sexual en espacios públicos y comerciales, así como la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención y atención frente a este tipo de conductas.
Miraflores cuenta desde 2015 con una ordenanza municipal contra la discriminación. No obstante, hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad distrital, encabezada por Carlos Canales, no se había pronunciado sobre el incidente.
El artículo 323 del Código Penal peruano sanciona la discriminación y la incitación a la discriminación por motivos que incluyen la orientación sexual, cuando se cumplen los elementos establecidos en la norma. La pena prevista es de dos a tres años de prisión o prestación de servicios comunitarios, y puede elevarse de dos a cuatro años en los supuestos agravados contemplados legalmente.
La determinación de una eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación y de la evaluación de las circunstancias del caso. Las amenazas registradas en los videos también deberán ser analizadas por las autoridades para establecer si configuran otros delitos.