Dictan 9 meses de prisión preventiva para policías que abandonaron elecciones para asaltar a empresario en Juliaca

El Poder Judicial de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres policías investigados por presuntamente abandonar sus funciones de seguridad durante las elecciones del 4 de octubre para participar en un supuesto atraco contra un empresario en Juliaca.

La intervención habría ocurrido el sábado 3 de octubre, un día antes de la jornada electoral. De acuerdo con la investigación fiscal, los agentes habrían organizado un falso operativo policial en la urbanización El Edén, con el objetivo de ingresar a la vivienda del empresario Jorge Mamani y apoderarse de dinero.

Entre los investigados se encuentra el teniente Jhon Herlin Bernal Cerqueda, jefe del grupo Terna, quien tenía entre sus responsabilidades ejecutar los planes de seguridad destinados a garantizar el normal desarrollo de las elecciones para gobernador y alcaldes provinciales.

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Según la tesis fiscal, Bernal habría coordinado con otros agentes para ejecutar el supuesto operativo pese a que no tenían autorización para intervenir en dicha zona.

Empresario denunció que lo amenazaron con matarlo

Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Silvia Álvarez Mita, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Juliaca, expuso el testimonio del agraviado.

Jorge Mamani relató que aproximadamente siete agentes policiales llegaron hasta el frontis de su vivienda y lo intervinieron. Posteriormente, lo habrían ingresado al inmueble para exigirle dinero.

De acuerdo con el testimonio recogido por la Fiscalía, el teniente Bernal le habría dicho: "¿Dónde está el dinero o te mato?"

La situación generó sospechas entre los vecinos, quienes se percataron de que se trataría de una intervención irregular. Los vecinos acudieron al lugar y lograron retener a algunos de los involucrados.

Tres de los presuntos participantes lograron escapar, mientras que otros cuatro fueron retenidos por los vecinos. Entre estos últimos estaban el teniente Bernal y los suboficiales Giancarlo Idelfonso Bobadilla Rejas y Michel Christian Calisaya Arucutipa.

Policía habría abandonado servicio en Huancané

La investigación también alcanzó a Calisaya Arucutipa, quien debía encontrarse prestando servicio de seguridad durante las elecciones en el distrito de Pusi, provincia de Huancané.

Según la Fiscalía, el suboficial habría abandonado ese servicio para participar en el supuesto operativo en Juliaca.

Los agentes fueron retenidos y golpeados por los vecinos antes de que las autoridades intervinieran. También fue detenido Cristhian Mamani Yapuchura, un civil señalado como presunto informante de los policías y quien habría proporcionado información para ubicar al empresario.

Mensajes de WhatsApp serían parte de las pruebas

Durante el incidente, Bernal habría permitido que los vecinos revisaran su teléfono celular. La Fiscalía presentó como elemento de convicción una comunicación de WhatsApp que el teniente habría enviado a otro de sus colegas mientras permanecía retenido.

En el mensaje, el agente habría pedido que llevaran dinero debido a que temía ser atacado por los vecinos. La comunicación contiene frases como: "Trae la plata, trae la plata" y "si no traes, nos van a matar".

Para el Ministerio Público, este intercambio constituye uno de los elementos que deben ser valorados junto con los testimonios, las circunstancias de la intervención y otros indicios obtenidos durante la investigación.

Juez considera que existen graves elementos de convicción

El juez José Luis Carrillo consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los investigados con el presunto delito de robo agravado.

Durante la audiencia también se estableció, según la resolución judicial, que los agentes involucrados no se encontraban de servicio en la zona donde ocurrió la intervención y que sus funciones estaban relacionadas con el resguardo del proceso electoral.

Con la prisión preventiva, los tres policías permanecerán privados de su libertad durante nueve meses mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar su participación y las responsabilidades penales que correspondan.

El caso también pone bajo investigación el presunto uso irregular de la condición de agentes policiales para ejecutar una intervención que, según la tesis fiscal, habría sido presentada ante la víctima como un operativo oficial.