
La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estuvo marcada por momentos de tensión en la provincia de Huari, región Áncash, donde decenas de residentes denunciaron la presunta presencia de electores foráneos, conocidos como votos golondrinos, en distintos locales de votación. Los reclamos desencadenaron enfrentamientos verbales y físicos en los exteriores de los centros electorales, por lo que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para restablecer el orden y evitar mayores incidentes.
Uno de los altercados más graves se registró en el distrito de Chavín de Huántar, en los exteriores de la Institución Educativa Carlos Alberto Izaguirre. Allí, residentes de la localidad confrontaron a grupos de personas a quienes señalaron como presuntos votantes trasladados irregularmente para favorecer a determinadas candidaturas.
Las acusaciones provocaron una gresca entre ambos bandos, lo que obligó a los agentes policiales a desplegarse en los accesos del colegio para controlar la situación. En medio de los incidentes, los residentes exigieron explicaciones a las autoridades presentes y vigilaron el ingreso de los electores a las mesas de sufragio.
Los hechos no fueron aislados. Durante las primeras horas de la jornada electoral también se reportaron otros momentos de tensión en distintos puntos de la provincia de Huari, ante las sospechas de una posible alteración del padrón electoral.
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El voto golondrino consiste en cambiar fraudulentamente la dirección domiciliaria consignada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) hacia una jurisdicción distinta al lugar de residencia habitual. Esta práctica busca incrementar artificialmente el número de electores de una localidad para favorecer a determinadas candidaturas en los comicios municipales o regionales.
La modalidad puede tener un impacto considerable en distritos y centros poblados con una cantidad reducida de habitantes, donde un grupo de votos puede resultar determinante para definir a las próximas autoridades.
Esta conducta constituye un delito electoral y puede ser sancionada con penas privativas de libertad de entre dos y ocho años, de acuerdo con la legislación penal vigente.
Ante las denuncias registradas en Huari, la Policía Nacional mantuvo la vigilancia en los puntos considerados críticos para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la continuidad de la jornada electoral.






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