
Los adultos que acompañaban a los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise durante el traslado en el que se habría producido una agresión sexual contra un adolescente de 16 años podrían ser investigados por una eventual responsabilidad penal por omisión. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó a ATV que esta figura podría aplicarse si se demuestra que tenían un deber de protección sobre los menores y que incumplieron esa obligación.
El hecho ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar y derivó en la intervención de diez estudiantes de quinto de secundaria. Mientras la Fiscalía de Familia desarrolla las diligencias para determinar qué ocurrió y qué participación tuvo cada adolescente, también deberán esclarecerse las condiciones en las que se produjo el presunto ataque y las responsabilidades que podrían corresponder a los adultos presentes durante el traslado.
Según explicó Julio Rodríguez a ATV, los adultos que tenían funciones de cuidado durante el viaje podrían afrontar una investigación bajo la figura de comisión por omisión si se acredita que se encontraban en una posición que les exigía actuar para proteger a los estudiantes. El abogado hizo referencia a la obligación de garantía que pueden tener determinadas personas frente a quienes se encuentran bajo su cuidado.
Rodríguez señaló que, en caso de acreditarse los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal, los involucrados podrían enfrentar una pena de hasta 26 años de prisión. El especialista citó como antecedente un caso de la Corte Suprema en el que se analizó la responsabilidad de una persona que no cumplió con su deber de protección frente a una agresión sexual.
La eventual aplicación de esta figura dependerá de lo que establezca la investigación. La sola presencia de los adultos en el vehículo no determina responsabilidad penal, por lo que las autoridades deberán establecer qué funciones cumplía cada uno, qué conocía y qué acciones realizó durante el traslado.
La Defensoría del Pueblo informó que en el bus se encontraban tres adultos: el conductor, un docente y el entrenador que acompañaba al grupo. La institución indicó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y el Ministerio Público, además de las medidas adoptadas por el colegio tras la denuncia.
En paralelo, la Marina de Guerra del Perú comunicó la separación preventiva de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones. Esta medida tiene carácter preventivo y no establece responsabilidad sobre las personas apartadas.
La Fiscalía de Familia también investiga a los diez adolescentes involucrados en la denuncia. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la toma de testimonios de los menores. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia mediante el programa Warmi Ñan.
La investigación deberá determinar tanto lo ocurrido dentro del bus como las circunstancias que rodearon el hecho y las responsabilidades que correspondan a cada persona involucrada.





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