OEA pone bajo la lupa al Gobierno por violencia sexual contra niñas awajún y wampis en Condorcanqui

La crisis de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas de Condorcanqui ya no solo enfrenta cuestionamientos de las organizaciones de la zona. Este lunes 7 de septiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, para conocer directamente la situación de las menores awajún y wampis y evaluar la respuesta que viene dando el Estado peruano.

La misión internacional, que permanecerá en el Perú hasta el 11 de septiembre, inició su agenda con reuniones con autoridades del sistema de justicia y representantes de distintas instituciones públicas. Ahora se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, donde sostendrá encuentros con autoridades locales, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y familiares de víctimas.

La visita adquiere especial relevancia porque las expertas no se limitarán a revisar información oficial. También tendrán audiencias privadas con familiares de las víctimas y recorrerán instituciones que forman parte de la ruta de atención para conocer cómo funciona en el territorio el acceso a protección, salud, justicia y reparación.

Este lunes, además, la delegación tiene previsto reunirse con representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (COMUAWUY), organización que durante años ha denunciado la violencia sexual contra menores y las dificultades que enfrentan las víctimas para recibir atención estatal. El encuentro se realizará en la misma maloca donde funciona el Consejo de Mujeres y donde se encuentra una casa de acogida para víctimas, según informó la lideresa Rossmery Pioc.

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El Estado reporta avances, pero admite que todavía falta

La llegada de la OEA ocurre mientras las instituciones peruanas presentan avances en la respuesta judicial y social, aunque las propias cifras oficiales evidencian que la problemática continúa.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que sus servicios especializados atendieron 556 casos de violencia en Condorcanqui en lo que va de 2026. Del total, el 62,6% corresponde a niñas, niños y adolescentes.

La cartera también informó que capacitó a 38 operadores de las instituciones que integran el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), con el objetivo de fortalecer la atención especializada y con pertinencia territorial e intercultural.

En tanto, el Poder Judicial informó que el SNEJ en Condorcanqui emitió 630 medidas de protección y 62 condenas entre octubre de 2025 y julio de 2026. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, presentó estas cifras como parte de los avances registrados desde la implementación del sistema especializado en la provincia.

Sin embargo, desde la propia institución se reconoce que los resultados todavía no son suficientes. La jueza suprema Elvia Barrios sostuvo, durante la presentación de la misión internacional, que las 62 condenas constituyen un avance, pero que todavía existen importantes desafíos para garantizar justicia efectiva a las víctimas.

Ruth Luque impulsa comisión especial en el Senado

Mientras la OEA llega a territorio amazónico, desde el Senado también se busca aumentar la presión sobre las instituciones responsables de atender esta crisis.

La senadora Ruth Luque informó que, de manera multipartidaria y con la participación de voceros de grupos parlamentarios del Senado, se presentó una moción para constituir una Comisión Especial de Seguimiento de la situación de la niñez, adolescencia y mujeres víctimas de abuso sexual y afectadas por VIH en Amazonas, con especial atención en Condorcanqui.

La propuesta todavía debe seguir el procedimiento parlamentario correspondiente, por lo que no se trata de una comisión ya instalada. Su objetivo sería hacer seguimiento a las medidas que adopte el Estado frente a las denuncias y evaluar las condiciones de protección, atención y acceso a justicia de las víctimas.

Luque cuestionó que, pese a las denuncias formuladas durante años, la situación continúe sin una solución integral. La parlamentaria recordó que en 2023 visitó la zona y denunció la violencia sexual y el contagio de VIH entre mujeres y menores indígenas. "Lo que ocurre en Condorcanqui exige una respuesta integral del Estado", sostuvo la senadora, quien remarcó que se trata de graves vulneraciones de derechos que requieren respuestas políticas e institucionales.

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Una crisis que no empezó este año

La problemática de Condorcanqui no es reciente. Las organizaciones indígenas llevan años alertando sobre agresiones sexuales contra niñas y adolescentes awajún y wampis y sobre las dificultades para que las víctimas reciban atención médica, psicológica y legal.

En 2024, el caso provocó una fuerte controversia nacional después de que se conocieran denuncias de cientos de menores víctimas de violencia sexual, incluidos casos atribuidos a docentes. Las declaraciones de entonces de autoridades del Ejecutivo generaron una ola de críticas y pedidos de responsabilidades políticas.

Ya se había advertido en el Congreso sobre la ausencia del Estado en las comunidades. Desde 2023 se han remitido recomendaciones a distintas instituciones, entre ellas pedidos relacionados con la atención del VIH.

Y la situación sigue generando emergencias concretas. En julio, una niña awajún de 7 años que había sido víctima de violencia sexual tuvo que ser evacuada en helicóptero debido a la gravedad de su estado. La falta de transporte operativo en la zona había dificultado inicialmente su traslado para recibir atención médica.

La OEA revisará si los avances llegan realmente a las víctimas

La misión del MESECVI fue invitada por el Poder Judicial y tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre el acceso a justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual.

El organismo revisará la aplicación de la llamada debida diligencia reforzada, es decir, la obligación del Estado de actuar de manera rápida, efectiva y coordinada para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia contra mujeres y niñas.

También analizará las barreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales que enfrentan las víctimas; el funcionamiento del SNEJ; los modelos de atención y la coordinación entre las entidades responsables.

El propio Poder Judicial ha señalado que la misión deberá recoger información para formular observaciones y recomendaciones preliminares, las cuales serán presentadas el 11 de septiembre en Lima.

Para acercar la justicia a las comunidades, el PJ puso en funcionamiento desde enero el SNEJ en Condorcanqui, con diez órganos jurisdiccionales distribuidos entre Nieva, Río Santiago y El Cenepa. También entregó nueve embarcaciones para facilitar el desplazamiento de jueces y operadores hacia comunidades alejadas.

Pero la presencia de nuevos juzgados, embarcaciones y capacitaciones no resuelve por sí sola el problema. La pregunta que la misión internacional deberá ayudar a responder es si esas medidas están llegando a tiempo a las niñas que necesitan protección y si las víctimas pueden realmente atravesar toda la ruta de justicia sin quedar nuevamente expuestas o revictimizadas.

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Las niñas no estuvieron en el discurso presidencial

En medio de esta visita internacional, la exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Julissa Mantilla cuestionó que la situación de las niñas de Condorcanqui no haya sido mencionada en el discurso presidencial.

A través de sus redes sociales, Mantilla señaló que la misión del MESECVI llegó a la provincia para conocer la situación de las niñas violentadas, mientras cuestionó que estas menores hayan quedado fuera del mensaje político del Gobierno.

La misión de la OEA tendrá ahora que contrastar las cifras y avances reportados por las instituciones con lo que ocurre en las comunidades. Sus conclusiones podrían convertirse en un nuevo llamado de atención internacional para un Estado que lleva años siendo advertido sobre la situación.

En Condorcanqui, la discusión ya no es solo cuántas medidas se han aprobado o cuántas condenas se han dictado. El desafío es determinar cuántas niñas pudieron acceder efectivamente a protección, justicia, atención médica y reparación antes de que fuera demasiado tarde.