OEA pone bajo la lupa al Gobierno por violencia sexual contra niñas awajún y wampis en Condorcanqui

La crisis de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas de Condorcanqui ya no solo enfrenta cuestionamientos de las organizaciones de la zona. Este lunes 7 de septiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, para conocer directamente la situación de las menores awajún y wampis y evaluar la respuesta que viene dando el Estado peruano.

La misión internacional, que permanecerá en el Perú hasta el 11 de septiembre, inició su agenda con reuniones con autoridades del sistema de justicia y representantes de distintas instituciones públicas. Ahora se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, donde sostendrá encuentros con autoridades locales, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y familiares de víctimas.

La visita adquiere especial relevancia porque las expertas no se limitarán a revisar información oficial. También tendrán audiencias privadas con familiares de las víctimas y recorrerán instituciones que forman parte de la ruta de atención para conocer cómo funciona en el territorio el acceso a protección, salud, justicia y reparación.

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Este lunes, además, la delegación se reunió con representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (COMUAWUY), organización que durante años ha denunciado la violencia sexual contra menores y las dificultades que enfrentan las víctimas para recibir atención estatal. El encuentro se realizó en la misma maloca donde funciona el Consejo de Mujeres y donde se encuentra una casa de acogida para víctimas.

Congreso también pone la lupa sobre Condorcanqui

A la presión internacional se sumó ahora una respuesta desde el Congreso. La Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 18 votos a favor, la creación de un grupo de trabajo para revisar la situación de las víctimas de violencia sexual en Condorcanqui.

La iniciativa fue presentada por la diputada Pilar Sulca Castillo, de Juntos por el Perú, y tendrá un plazo de 30 días hábiles para desarrollar sus labores y presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones ante la presidencia de la comisión. El periodo podría ampliarse.

La aprobación se produjo el 8 de septiembre, durante una sesión en la que la comisión también recibió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón.

El grupo de trabajo parlamentario tendrá que revisar una problemática que las organizaciones indígenas vienen denunciando desde hace años y que, pese a las medidas adoptadas por diferentes instituciones, continúa generando nuevas alertas sobre la protección de las menores.

La comisión es presidida por la diputada Flor Meza Rivera, de Fuerza Popular, y en la misma sesión se aprobaron otros grupos de trabajo vinculados con programas sociales en la Amazonía, discapacidad, primera infancia y anemia.

Ejecutivo anuncia acuerdos para el 15 de septiembre

Durante su presentación ante la comisión parlamentaria, la ministra María Seminario informó que el próximo 15 de septiembre su sector realizará una reunión para presentar cuatro acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo sobre el caso de las niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui.

La fecha adquiere especial importancia frente al despliegue de la OEA. Mientras las expertas internacionales ya se encuentran en territorio recogiendo información sobre la situación de las víctimas, el Ejecutivo ha fijado para la próxima semana la presentación de los acuerdos de su comisión de alto nivel.

El contraste deja una pregunta pendiente: qué medidas concretas y sostenibles adoptará el Estado para que la respuesta no vuelva a quedar reducida a reuniones, anuncios o mecanismos que no logren llegar a las comunidades más alejadas.

Ruth Luque también busca una comisión especial

En paralelo al grupo de trabajo aprobado por la Comisión de Inclusión Social, la senadora Ruth Luque impulsa una moción multipartidaria para crear una comisión especial de seguimiento de la situación de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual y afectadas por VIH en Amazonas, con especial atención en Condorcanqui.

La propuesta todavía debe completar el trámite parlamentario y no ha sido instalada.

Luque ha cuestionado que el Estado mantenga una deuda con las niñas, adolescentes y mujeres indígenas de la provincia. La parlamentaria recordó que en 2023 visitó la zona y denunció públicamente la violencia sexual y los casos de contagio de VIH.

“Lo que ocurre en Condorcanqui exige una respuesta integral del Estado”, sostuvo.

La iniciativa fue planteada en un contexto particularmente simbólico: el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Para las organizaciones que acompañan a las víctimas, la fecha estuvo marcada por la exigencia de justicia, reparación y protección, antes que por una celebración.

Así, en apenas una semana, el caso ha generado dos iniciativas parlamentarias distintas: una ya aprobada en comisión y otra que todavía busca avanzar en el Senado.

Cientos de casos y una respuesta que todavía enfrenta brechas

Las cifras oficiales permiten dimensionar la magnitud de la problemática. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 556 casos de violencia atendidos en Condorcanqui durante 2026. Del total, el 62,6% corresponde a niñas, niños y adolescentes.

El Poder Judicial, por su parte, informó que entre octubre de 2025 y julio de 2026 se dictaron 630 medidas de protección y 62 condenas mediante el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en la provincia.

Estas cifras muestran que existen mecanismos de protección y procesos judiciales activos. Sin embargo, también evidencian la dimensión del problema: cientos de víctimas requieren atención en una provincia donde las distancias geográficas, la falta de servicios y las barreras culturales y lingüísticas complican el acceso a las instituciones del Estado.

El Poder Judicial ha implementado el SNEJ en Condorcanqui y entregado embarcaciones para facilitar el desplazamiento de operadores de justicia hacia comunidades alejadas. El MIMP también ha desarrollado capacitaciones para fortalecer la atención de los casos.

Pero para las organizaciones indígenas, la pregunta sigue siendo si estas medidas llegan efectivamente a las comunidades donde viven las víctimas y si permiten garantizar una atención integral.

La OEA llega después de años de alertas

El MESECVI ya había manifestado preocupación por la situación de Condorcanqui. En marzo de este año, el organismo internacional alertó sobre las dificultades para garantizar los derechos de las niñas y su acceso a justicia, en particular ante el cierre temporal de fiscalías especializadas que tenían a su cargo cientos de denuncias por abuso sexual infantil.

La decisión generó rechazo de organizaciones indígenas y cuestionamientos debido a que se encontraban pendientes numerosos casos. Posteriormente, las sedes fiscales fueron reactivadas.

La controversia dejó expuesta una de las principales debilidades de la respuesta estatal: mientras las autoridades anuncian nuevas estructuras y mecanismos de atención, las instituciones encargadas de investigar los delitos pueden enfrentar problemas de presupuesto, personal y cobertura territorial.

Por ello, la misión del MESECVI no solo recogerá testimonios. También evaluará la aplicación de la debida diligencia reforzada, principio que obliga al Estado a actuar con especial rapidez y eficacia cuando las víctimas son niñas y adolescentes, y revisará las barreras que dificultan el acceso a justicia.

Las niñas que quedaron fuera del discurso presidencial

En medio de esta nueva atención internacional, también surgieron cuestionamientos políticos por la ausencia de Condorcanqui en el discurso presidencial.

La exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Julissa Mantilla cuestionó públicamente que las niñas víctimas de violencia sexual de la provincia no hayan sido mencionadas en el mensaje presidencial, mientras que una misión del MESECVI se encontraba llegando a la zona para conocer su situación.

El contraste ha sido utilizado por organizaciones y activistas para cuestionar la prioridad que el Gobierno otorga a una problemática que lleva años siendo denunciada.

Mientras la OEA escucha directamente a las organizaciones indígenas, el Congreso crea un grupo de trabajo y plantea una segunda instancia de seguimiento, el Ejecutivo tiene pendiente presentar sus cuatro acuerdos el próximo 15 de septiembre.

La crisis de Condorcanqui, por tanto, ya no puede ser presentada únicamente como un problema de falta de presencia estatal en la Amazonía. Las cifras, las denuncias y la intervención de organismos internacionales muestran una crisis de prevención, protección, justicia y reparación que viene acumulando respuestas institucionales sin que las organizaciones indígenas consideren que el problema haya sido resuelto.

La misión de la OEA permanecerá en el Perú hasta el 11 de septiembre. Sus conclusiones y recomendaciones permitirán conocer si las medidas implementadas por el Estado están respondiendo realmente a las necesidades de las niñas y adolescentes awajún y wampis o si persisten las brechas que han permitido que esta crisis se prolongue durante años.