Dictan 18 meses de prisión para 4 policías por adulteración de saldos en tarjetas del Tren Eléctrico

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Quinto Despacho) logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra cuatro suboficiales de la División de Seguridad Ferroviaria (Divsefer) de la Policía Nacional y otros tres civiles.

Los investigados integrarían una banda criminal que se dedicaría a adulterar los saldos de tarjetas para ingresar a estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.  

Asimismo, se consiguió la medida de comparecencia restringida por 18 meses para otra implicada en el caso. La red habría cometido delitos de fraude informático al menos desde junio de 2025.

Los policías investigados son los suboficiales Jeanpierre Orlando Ariza Beraun, Kelvin Franz Paredes Damián, Dalin Anderson Núñez Quispe y Wilson Aguirre Aliaga. También los civiles Miler Correa Cachique, Julio César Bolívar Landaeta y Lilyan Noemí Orozco Viera.

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De acuerdo con la tesis fiscal, este fraude millonario en el Metro de Lima fue cometido por la banda criminal denominada Los intrusos del tren, la cual fue desarticulada por la Policía y la Fiscalía.

El negocio ilícito consistía en vender pasajes con tarjetas adulteradas con saldos de hasta S/900 (el sistema solo permite recargas de S/100), generando un perjuicio de unos S/10 millones al año.

Sobre los cuatro efectivos de la División de Seguridad Ferroviaria se ha establecido que habrían recibido hasta S/1.000 diarios por permitir que los salderos operen sin control. También informaban sobre operativos y coordinaban con otros policías para evitar detenciones.

El técnico Miller Correa Cachique (alias Charapa), agente de seguridad del Metro, sería quien manipulaba el software con aplicativos MCT y FK, clonaba tarjetas y les cargaba saldo fraudulento. En su poder se encontraron 1.280 tarjetas adulteradas.

La banda tenía como líder a Miguel Goyeneche, alias 'Cojo', así como a salderos en estaciones, recolectores y una mujer (Shari Gómez) que distribuía pagos a policías de hasta S/1.570.

La investigación duró un año. Tras la acusación fiscal, la tarde del jueves la jueza emitió el fallo de prisión preventiva imponiendo a los procesados 18 meses de detención preventiva. Solo fue liberada Carmen Mendoza, porque tiene a sus dos hijos a quienes cuidar.