Transportistas cuestionan Plan Escudo y advierten falta de coordinación: "No nos han pedido nuestra opinión"

La primera medida del gobierno de Keiko Fujimori para combatir la inseguridad en el sector transporte ya genera cuestionamientos. El último sábado, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció la activación del Plan Escudo para contrarrestar los ataques extorsivos contra choferes. La implementación se oficializó desde Villa María del Triunfo, donde la noche anterior se registró un atentado a balazos contra el patio de maniobras de la empresa Etupsa 73.

Astudillo precisó que el plan considera un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para brindar protección a los transportistas. Sin embargo, dirigentes del sector afirmaron a La República que la iniciativa no fue coordinada con sus gremios y advirtieron que su implementación podría ser insuficiente sin una estrategia clara de inteligencia. “Más parece una foto para las cámaras”, expresaron.

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Plan anunciado

El sábado 8 de agosto, el titular del Mininter informó que el Plan Escudo contemplaría dos acciones concretas: la presencia de policías y militares en el patio de maniobras de las empresas de transporte y acciones de inteligencia permanente.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo (…) Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. (…) A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente”, indicó.

Este anuncio fue observado por Martín Ojeda, gerente general de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip) por ser aparentemente insuficiente. “No en todos los patios de maniobras están los militares. Además, los atentados no solo ocurren ahí, también se da en las áreas de circulación vehicular”, indicó.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, también cuestionó la medida. “La Marina tiene drones de alta tecnología que podrían servir para intervenir en capturas, pero si solo van a sacar a las Fuerzas Armadas para estar parados en los paraderos o sitios de intersección solo es una foto para las cámaras”, señaló.

Cambio en el plan

Dos días después, el 10 de agosto, la cartera señaló en una nota de prensa que el plan también incluiría el acompañamiento policial a unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos.

El sector detalló que las empresas resguardadas serán Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huascar/Aquarius, Etcimosa, ETUSA y Nueva América, entre otras.

Asimismo, adelantó que las acciones se desarrollan en diversos sectores de Lima Metropolitana, entre ellos Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Puente Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, Vía de Evitamiento, Panamericana Norte y otros.

No obstante, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), señaló que si bien el acompañamiento de uniformados sirve en términos disuasivos, es insuficiente por sí solo. "Desde hace medio año, los policías cuidan los terminales y suben a las unidades de algunas empresas, pero eso no elimina la extorsión ni anula el sicariato".

El dirigente aseguró que esta acción debe ir acompañada de una planificación a mediano y largo plazo para capturar a los cabecillas de las bandas criminales detrás de las extorsiones. “Se necesita una efectiva labor de inteligencia para atrapar a los delincuentes. La medida disuasiva es buena, pero eso no va a desbaratar las mafias”, agregó.

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Falta de coordinación

El cambio sobre la marcha de las acciones para combatir la inseguridad en el transporte no sería un hecho casual. Ojeda denunció la falta de coordinación que habría con los gremios para la implementación del Plan Escudo.

“Estamos muy fastidiados porque todo está desarticulado. No nos han pedido opinión en absoluto. No hay estrategia y parece que fuera al champazo, solo para un tema mediático y tampoco es así”, señaló.

El dirigente afirmó que han solicitado reuniones con el ministro de Transportes, Rafael Rey, y la presidenta Fujimori, pero hasta ahora no les responden. El sector de transporte interprovincial que representa no es ajeno a los atentados extorsivos. “En 45 días, registramos 17 ataques y algunas empresas siguen siendo extorsionadas a nivel de cono norte”, detalló.

Campos también aseguró que no fueron convocados por el gobierno para discutir el tema. “No nos han invitado a coordinar, nos gustaría participar y decir las cosas como son. Estamos cansados de fotos e improvisaciones”, apuntó el vocero de la organización que agrupa a 35 empresas del norte chico, Lima Metropolitana y otras zonas del país.

En la misma línea se expresó Vargas, quien confirmó que el Ejecutivo no convocó a la CTU, que agrupa a más de 70 empresas de Lima y Callao, ni a la Unión de Gremios, organización que reúne a los 12 gremios de transporte en estas jurisdicciones. “Creemos que se debe trabajar de manera conjunta, y eso es lo que estamos pidiendo a las autoridades: escúchenos porque sé que se podrían tomar mejores decisiones”, apuntó.

Pedidos claros

La principal demanda de los transportistas es ser escuchados por el gobierno. Ojeda considera que en una eventual reunión se debería evaluar la garantía de seguridad real que ofrece el Plan Escudo, la coordinación efectiva entre las áreas de investigación de militares y policías, y la ubicación estratégica de personal del Ejército para aprovechar su capacidad disuasiva y prevenir posibles ataques.

Por su parte, Campos resalta la importancia de apostar por la inteligencia combinada de la PNP y las Fuerzas Armadas. “Nosotros no queremos improvisaciones, queremos estrategia para combatir la inseguridad”, dijo. Además, añadió que se debería ser cuidadoso en el despliegue correcto del personal militar para evitar posibles excesos durante sus funciones.

En tanto, Vargas incidió en la tarea clave de inteligencia y la articulación de las instituciones competentes. “Se necesita un trabajo continuo entre fuerzas policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir y sancionar a cabecillas de las mafias”, expresó.

Registro mortal

Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y julio de 2026, se han registrado 240 atentados con víctimas contra el transporte público. Los actos criminales dejaron 162 personas fallecidas y 158 heridas en Lima Metropolitana y el Callao. Los ataques tras la publicación de ese informe no se han detenido y coinciden ahora con la activación del Plan Escudo.

El último viernes, el patio de maniobras de la empresa de transporte público Etupsa 73, línea A, fue atacado a balazos por delincuentes en Villa María del Triunfo. El atentado no dejó heridos ni víctimas mortales, pero llevó a los choferes a suspender sus operaciones temporalmente por temor a nuevos ataques.

Un día después, el sábado 8 de agosto, una combi informal que cubre la ruta Cercado de Lima - Callao fue interceptada a disparos a la altura de la cuadra 11 de la avenida Colonial. Los delincuentes aprovecharon que la unidad se detuvo por un desperfecto mecánico para cometer el ilícito. El chofer resultó herido, pero logró sobrevivir tras ser trasladado al hospital Arzobispo Loayza. Una conductora de la misma ruta, atacada el 20 de julio, no corrió la misma suerte y falleció tras un atentado similar.

A estos ataques se suman el asesinato a balazos de Eugenio Odilón Benites Tacanga (69), gerente de la empresa de transporte Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 5 de agosto en Los Olivos, y un atentado con explosivos contra un bus de la empresa Translima en San Martín de Porres, reportado el 6 de agosto, que también llevó a la compañía a paralizar sus servicios. El crimen sigue avanzando y las respuestas aún no parecen ser suficientes.