
Una niña peruana de 10 años fue localizada y puesta bajo protección de las autoridades en la comunidad indígena Espejo, ubicada en el río Tigre, provincia de Pastaza, Ecuador. El operativo se realizó en el marco de una investigación binacional por una presunta situación de trata de personas con fines de matrimonio servil y contó con la participación de fuerzas de seguridad ecuatorianas.
El caso se desarrolla en una zona amazónica cercana a la frontera entre Ecuador y Perú, donde las autoridades investigan el traslado de menores entre comunidades indígenas. Las diligencias fueron coordinadas por las fiscalías de ambos países y las Fuerzas Armadas peruanas. La menor quedó bajo protección y recibirá atención integral mientras continúan las investigaciones.
La intervención se produjo en la comunidad Espejo, un sector ubicado en el río Tigre y caracterizado por su difícil acceso. Personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Ecuador participó en el despliegue como parte de las acciones del Bloque de Seguridad.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la investigación permitió identificar un posible intercambio de dos menores entre comunidades indígenas de Ecuador y Perú, ocurrido aproximadamente un mes antes del operativo. A partir de estos indicios se iniciaron diligencias para establecer las circunstancias del traslado y determinar si existió una situación relacionada con trata de personas.
Durante la operación fue detenido un hombre identificado como Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, quien fue trasladado ante la autoridad competente. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, señaló que la menor sería investigada como posible víctima de trata y que también existían indicios relacionados con un presunto caso de abuso sexual.
Una niña peruana de 10 años fue rescatada en la comunidad indígena Espejo, en el río Tigre, Ecuador, y ahora se encuentra bajo la protección de las autoridades locales.
El detenido recuperó su libertad después de una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual. La decisión generó cuestionamientos y llevó a la Fiscalía General del Estado de Ecuador a iniciar un control jurídico sobre la actuación de la fiscal que participó en dicha diligencia.
El Ministerio Público ecuatoriano indicó que la revisión busca determinar si existió alguna responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que intervinieron en el proceso. De corresponder, se aplicarían las medidas establecidas por la normativa vigente.
Mientras continúan las actuaciones, la niña permanece bajo protección de las autoridades. La atención contempla servicios médicos, psicológicos y asistencia integral, con coordinación entre instituciones ecuatorianas y los servicios consulares de Perú. Las diligencias buscan esclarecer los hechos investigados y garantizar la protección de la menor.



