
En un grave hecho de corrupción institucional, un oficial y dos suboficiales de la Policía Nacional fueron detenidos para ser investigados por sustituir parte de un cargamento de cocaína por yeso, así como por solicitar dinero a familiares de los narcotraficantes detenidos para reducir el peso de la droga incautada.
El descubrimiento, realizado por la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna, destapó una red al interior de la fuerza encargada de combatir el narcotráfico.
Agentes de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Divitid), unidad adscrita a la Dirección Antidrogas (Dirandro), confirmaron que la investigación comprende al jefe del Área Antidrogas (Areant) de Tacna en 2025, alférez PNP Fray Kevin Huamán Huamán, el suboficial de segunda Edgar Suasaca Capacoila y el suboficial de tercera Jhon Mamani Soncco.
Ellos son investigados por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de la droga decomisada. La detención preliminar fue dispuesta mediante una Resolución Judicial de la Corte Superior de Justicia de Tacna.
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Todo empezó el 14 de octubre de 2025, cuando miembros del Área Antidrogas de Tacna intervinieron a tres personas e incautó 105 paquetes de alcaloide de cocaína, con un peso total de 111 kilos con 212 gramos.
Ese día, los hermanos ayacuchanos Juan Luis y Juan Oscar Sierralta Elizare, de 35 y 30 años, y el tacneño Cristian Eduardo Gonzáles Mamani (44), fueron arrestados en la calle 1 de Setiembre de la junta vecinal Leoncio Prado, en Tacna.
Según la investigación fiscal, los policías responsables de la custodia del cargamento habrían reemplazado parte de la droga por sulfato de calcio (yeso) antes de que fuera remitida a Lima para los peritajes químicos y su posterior internamiento en el laboratorio de Criminalística de la PNP.
La presunta irregularidad fue detectada el 22 de octubre de 2025, cuando los análisis periciales determinaron que 40 de los 105 paquetes no contenían cocaína, sino yeso, lo que dio origen a la investigación penal.
Además, la Fiscalía sostiene que los efectivos habrían solicitado dinero a familiares de los detenidos con la finalidad de disminuir el peso oficial de la droga decomisada, lo que habría permitido favorecerlos con una eventual reducción de la pena.
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El último martes 4 de agosto, las autoridades allanaron las viviendas de los investigados y registraron sus espacios de trabajo en distintas dependencias policiales, incluyendo escritorios y casilleros.
Durante las diligencias se incautó un vehículo, documentos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, los cuales son sometidos a peritajes para determinar su vinculación con los hechos investigados.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán durante los próximos días con el objetivo de esclarecer completamente el caso y establecer el grado de participación de cada uno de los efectivos policiales involucrados en este presunto esquema de corrupción y manipulación de evidencia relacionada con el tráfico ilícito de drogas.





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