Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

La muerte de un adolescente de 17 años dentro de la comisaría de Manchay sigue generando serios cuestionamientos. Luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) asegurara, mediante un comunicado oficial, que el menor falleció por “asfixia mecánica por ahorcamiento”, su padre, Javier Cubas, rechazó la versión y afirmó que su hijo habría sido víctima de maltratos mientras permanecía bajo custodia policial.

La institución indicó que el adolescente, identificado con las iniciales E.J.C.B., fue hallado la noche del 14 de junio “suspendido en un punto de apoyo” dentro de la dependencia policial. Asimismo, precisó que el Instituto de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue compatible con una decisión autoinfligida.

Sin embargo, Cubas sostiene que la versión policial presenta inconsistencias. “Ellos siempre van a presentar descargos a su favor. Eso es completamente mentira. Hubo mucho maltrato de parte de ellos hacia mi hijo”, declaró a La República.

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Tragedia en la dependencia policial de Manchay

El padre aseguró que, incluso si el menor se quitó la vida, esa decisión habría sido inducida por el trato recibido dentro de la carceleta. “Si mi hijo tomó esa decisión, fue provocado por ellos, por las torturas y el maltrato que le hicieron”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de la familia apunta al supuesto objeto con el que el adolescente habría atentado contra su vida. Según Javier Cubas, la explicación policial sobre un presunto cordón de capucha no coincide con la prenda que llevaba su hijo.

“Su polera no tenía cordón de ajuste. Entonces, ¿con qué instrumento se quitó la vida? Eso tienen que explicarlo”, sostuvo. Además, cuestionó que el adolescente —al ser menor de edad— haya permanecido en una celda compartida con adultos, algo que considera una grave irregularidad.

El testimonio más delicado del padre se refiere a una visita previa a la muerte del menor. Según relató, vio a su hijo llorando luego de permanecer cerca de media hora solo con un efectivo policial dentro de la carceleta.

“Lo hicieron desvestirse completamente. Yo veía cómo lloraba y en sus ojos me pedía auxilio. Después me dijo: ‘Papá, págales todo lo que te pidan. Sácame de acá porque me van a matar’”, narró. La familia también asegura haber visto al adolescente con la ropa rota y rasgada durante esa visita, lo que reforzó sus sospechas de agresiones físicas.

La PNP detalló en su comunicado que el adolescente había sido intervenido el 13 de junio luego de ser retenido por personal de Serenazgo de Pachacámac, tras ser acusado por dos ciudadanas de presuntamente haber ingresado a sus viviendas para sustraer pertenencias. La institución agregó que el menor registraba denuncias previas por delitos contra el patrimonio y violencia familiar.

Videos difundidos la noche de los hechos muestran que se escuchaban gritos desesperados de ambos padres, quienes pedían auxilio para su hijo inconsciente. Sin embargo, ningún efectivo acudió a su llamado. Solo 30 minutos después, el joven fue trasladado a una posta, donde llegó sin signos vitales.

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Sanciones e investigación por presunto homicidio

Javier Cubas también reveló que sostuvo una reunión con el titular del Ministerio del Interior y el alto mando de la PNP, quienes se habrían comprometido a investigar el caso y sancionar a los responsables.

Por su parte, la Policía informó que la Inspectoría General y un equipo especial de investigación criminal ya intervienen en el caso. Entretanto, la familia insiste en que la investigación no quede solo en manos de la institución policial y exige que el Ministerio Público esclarezca si hubo abuso, negligencia o encubrimiento.

La Defensoría del Pueblo recordó que toda intervención policial con menores debe garantizar protección especial, integridad física y psicológica, así como el respeto al interés superior del niño. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) ya inició una investigación preliminar por presunto homicidio.

El caso ocurre en un contexto en el que el Congreso acaba de aprobar, en primera votación, un proyecto de ley que permitiría que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por fueros militares y policiales, lo que limitaría la actuación de la justicia ordinaria y propiciaría la impunidad.

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