Gobierno borra la Educación Sexual Integral en colegios pese a 59 casos diarios de violencia contra menores

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas públicas y privadas del país y aprobó nuevos lineamientos basados en un modelo “científico, biológico y ético”, en cumplimiento de la nueva ‘‘Ley de Igualdad de Oportunidades’’. La Ley N.° 32535 fue aprobada en el Congreso e impulsada por la parlamentaria del partido Renovación Popular, Milagros Jáuregui, con el respaldo de sectores conservadores que durante años cuestionaron el enfoque de género en las aulas.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, la cual deroga los lineamientos de ESI vigentes desde 2021 y obliga a colegios, UGEL y direcciones regionales a adecuar sus planes educativos en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, el cambio ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia, quienes alertan sobre un posible retroceso en la protección de niñas, niños y adolescentes.

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Sin enfoque de género pese a cifras de abuso

Especialistas cuestionan la ambigüedad de los nuevos conceptos incorporados por el Minedu. Señalan que términos como “ético” o “biológico” pueden quedar sujetos a interpretaciones personales o religiosas dentro de las aulas.

“¿Sobre la base de qué doctrinas? Existen distintas corrientes éticas y científicas. ¿Será el criterio de cada director o docente? Ese tipo de vacíos son muy peligrosos”, declaró a La República la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador.

La especialista también cuestionó que el enfoque planteado por el Estado reduzca la sexualidad únicamente a la prevención del embarazo adolescente, dejando de lado componentes vinculados al consentimiento, la salud emocional y el autocuidado. “El problema no es solo reproductivo. Nos concierne que las niñas puedan hablar, reconocer sus cuerpos e identificar violencia sexual. Eso es fundamental para prevenir abusos”, sostuvo.

El propio documento del Minedu reconoce graves cifras de violencia y embarazo adolescente en el país. Según cifras citadas en la norma, en 2025 los Centros Emergencia Mujer atendieron 21.609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, es decir, un promedio de 59 casos diarios. El 91% de las víctimas fueron mujeres.

Y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud incluidas en la resolución, el año pasado se registraron 37.708 nacimientos de madres menores de 19 años, equivalentes a 103 partos adolescentes por día. El documento agrega además que hubo 2,7 nacimientos diarios de niñas menores de 14 años.

A pesar de ello, Dador considera que el Estado está debilitando herramientas preventivas. También advirtió que podría incumplir compromisos internacionales asumidos en materia de protección de la infancia.

El antecedente de Camila vs. Perú

La experta vinculó esta reforma con el caso “Camila vs. Perú”, resuelto por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde el Estado peruano fue responsabilizado por no proteger a una niña indígena abusada sistemáticamente por su padre desde los 9 años y embarazada a los 13.

Según Dador, el nuevo enfoque educativo no modifica las condiciones estructurales que permitieron ese caso. “Lejos de cambiar el contexto que colocó a Camila en esa situación, el Estado está profundizando las condiciones que permiten que estas violencias ocurran.”

La directora de Amnistía recordó que el dictamen internacional exigía fortalecer políticas de prevención, educación sexual y protección de niñas víctimas de violencia. “El caso Camila reúne todo lo que nunca debió pasar: una niña violada, embarazada, perseguida por el sistema de salud y criminalizada. Y eso es justamente lo que no se está atendiendo.” También alertó que los sectores más afectados seguirán siendo niñas pobres, rurales e indígenas. “No todas las vidas valen igual para el Estado”.

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Infancias peruanas desprotegidas

Aunque el Ministerio de Educación asegura que los lineamientos respetarán evidencia científica y derechos fundamentales, la educación sexual integral ya enfrentaba dificultades de implementación incluso antes de esta reforma: falta de capacitación docente, escasos materiales y resistencia política en varias regiones.

Dador sostuvo que, en el contexto del cambio de currículo, la situación podría agravarse. Según la vocera, la eliminación oficial de la ESI envía un mensaje político claro: “Se está legislando de acuerdo a determinadas creencias religiosas y no sobre la base de estándares de derechos humanos.”

Finalmente, cuestionó que sectores que se presentan como defensores de la vida impulsen medidas que —según dijo— terminan afectando a niñas víctimas de violencia sexual. “Están arruinando la vida de nuestras niñeces.”

Derechos humanos en el limbo

En paralelo, el debilitamiento de políticas de género coincide con discursos políticos que buscan cuestionar la permanencia del país en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es peligroso porque es un sistema que le sirve de protección a las infancias”, puntualizó Dador.

Mientras el Minedu prepara la implementación progresiva de los nuevos lineamientos, el debate vuelve a colocar en el centro una pregunta de fondo: quién decide qué deben aprender las infancias peruanas y bajo qué enfoque se protege su derecho a una vida libre de violencia.

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