Alcalde es detenido por liderar presunta red de corrupción en Tumbes: funcionarios direccionaban obras y cobro de “diezmos”

El alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, fue detenido durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la región Tumbes, como parte de una investigación por presunta corrupción vinculada a la organización criminal denominada 'El Clan de las Emergencias'.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 15 de mayo e incluyó 18 allanamientos simultáneos en distintos inmuebles en Tumbes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso la detención preliminar por 15 días de cinco investigados, entre ellos el burgomaestre provincial.

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Funcionarios en red de corrupción

Según las investigaciones fiscales, la presunta red criminal estaría integrada por funcionarios municipales y empresarios del sector construcción que habrían direccionado obras públicas y procesos de contratación en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar para favorecer a determinados consorcios.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los implicados habrían utilizado empresas de fachada y testaferros para controlar recursos públicos de manera irregular. Además, se les acusa de exigir presuntos pagos ilícitos o 'diezmos' a cambio de liberar valorizaciones de obras y aprobar modificaciones presupuestales.

Las autoridades sostienen que algunos de los contratos habrían beneficiado a un empresario impedido legalmente de contratar con el Estado por disposición del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

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Detienen a funcionarios de Contralmirante Villar

Junto al alcalde Jaime Yacila Boulangger también fueron detenidos Freddy Campos Guimas, subgerente de supervisión y liquidación; Edgar Benites Jiménez, gerente de Logística; Luis Francisco Hidalgo Romero, gerente de Infraestructura; y el contratista Edgar Alex Lama Olaya.

La Policía informó que las investigaciones continuarán a fin de determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer el presunto perjuicio ocasionado al Estado.

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