Defensoría del Pueblo alerta crisis en colegios públicos: más del 33% sin presupuesto y 45% con material incompleto

Una reciente supervisión nacional realizada por la Defensoría del Pueblo encendió las alertas sobre las condiciones en las que se inició el año escolar 2026 en colegios públicos del país. El informe, que evaluó 550 instituciones educativas, evidencia serias deficiencias en infraestructura, falta de materiales educativos y problemas en la cobertura docente.

Según los resultados, el 33,6% de los colegios no recibió recursos para el mantenimiento de su infraestructura, lo que compromete directamente la seguridad y salubridad de los estudiantes. En tanto, de las 330 escuelas que sí ejecutaron acciones de mantenimiento, el 71,8% tuvo que priorizar la reparación de servicios higiénicos y el 63,6% intervino instalaciones eléctricas.

La situación también es crítica en el acceso a materiales educativos. El 45% de los colegios supervisados reportó carencias: el 61,8% recibió material insuficiente y el 38,2% lo obtuvo de manera incompleta. Incluso, nueve instituciones indicaron no haber recibido ningún tipo de dotación para el presente año escolar.

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Hallazgos de la Defensoría

En cuanto al personal docente, se detectaron 30 plazas sin cubrir en la muestra analizada. Además, en 72 colegios se registraron casos de ausentismo durante el horario escolar, incluidas situaciones sin justificación válida.

Ante este panorama, la Defensoría exigió al Ministerio de Educación del Perú adoptar medidas urgentes para garantizar el derecho a una educación de calidad. Entre los pedidos destacan la reposición inmediata de materiales educativos, la agilización de su distribución hacia las UGEL —especialmente en regiones afectadas por lluvias y huaicos— y el fortalecimiento de la supervisión en infraestructura escolar.

Asimismo, solicitó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa focalizar la fiscalización en servicios sanitarios y eléctricos, considerados de alto riesgo en los planteles.

Finalmente, instó a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL a aplicar sanciones administrativas frente a las ausencias docentes injustificadas. La entidad remarcó que el Estado debe asegurar condiciones básicas: locales seguros, materiales completos y profesores en las aulas en todas las escuelas del país.

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