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Fiscalía investiga dos presuntas usurpaciones en zona protegida de Machu Picchu

Alrededor de 200 personas ocuparon terrenos sin autorización en la zona protegida. Autoridades coordinan acciones para su desalojo.

Pobladores estarían ocupando terrenos del Estado. Foto: Composición LR / Cortesía
Pobladores estarían ocupando terrenos del Estado. Foto: Composición LR / Cortesía

El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Manuel Mayorga informó que el Ministerio Público investiga dos hechos de presunta usurpación registrados en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, ambos en áreas consideradas dentro de la zona protegida del reconocido santuario histórico.

El primer caso se remonta al 27 de febrero, cuando se detectó el uso irregular de un terreno ubicado en la margen izquierda de la carretera Hiram Bingham, presuntamente utilizado por buses de una empresa de transporte de pasajeros. Este hecho ya cuenta con una investigación fiscal en curso.

Ocupan terrenos del Estado

El segundo incidente ocurrió el viernes 13 de marzo, cuando aproximadamente 200 personas ocuparon otro terreno en la margen derecha de la misma vía, donde incluso levantaron cercos precarios. La intervención fue realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Municipalidad de Machupicchu, que ya inició acciones legales para recuperar el predio.

Según precisó el titular del Ministerio Público, los ocupantes no serían ajenos a la zona, sino residentes del propio distrito, quienes alegan la necesidad de contar con un espacio; sin embargo, no cuentan con autorización municipal. “Se mantienen en el lugar y están en proceso de identificación”, indicó, detallando que al menos siete personas ya han sido plenamente identificadas.

La Fiscalía advirtió que estos hechos podrían configurar el delito de usurpación agravada, al tratarse de terrenos del Estado y de una ocupación multitudinaria, lo que podría acarrear penas de hasta ocho años de prisión.

Finalmente, se señaló que la Municipalidad de Machupicchu deberá ejecutar el procedimiento administrativo correspondiente para la recuperación del terreno, con apoyo de la fuerza pública, mientras no se descarta el riesgo de una eventual reacción violenta durante un posible desalojo.

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