Voces indígenas de Perú presentes en la COP30: piden intervención de la ONU frente a leyes contra sus territorios

En abril del 2024, el apu Miguel Guimaraes, de la etnia Shipibo-Konibo, despertó con una pinta en la fachada de su casa que decía “no vivirá”. No era la primera vez que recibía una ‘advertencia’ como esa. Desde el 2020, el vicepresidente del Consejo Directivo de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha denunciado ser víctima de amenazas de muerte. ¿El motivo? Oponerse a la destrucción de los bosques de su comunidad Flor de Ucayali, en Yarinacocha. 

“Hay 36 líderes asesinados en la Amazonía desde el 2014, pero no hay acciones concretas. Nos estamos enfrentando al narcotráfico, la minería ilegal, expansión de monocultivos, pero no hay elementos que te ayuden a fortalecer el trabajo que uno hace. Seguimos siendo víctimas de amenazas por labor que realizamos”, denuncia.

Los casos no son aislados. Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, que abarca los distritos de Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), también ha sido amenazada desde el 2023 por oponerse a la explotación petrolera que afecta su territorio. 

“Donde vivimos no existen comisarías. Y cuando denunciamos nosotros tenemos que pagar para movilizarnos. Me siento indignada. Defendemos la vida, y no solo la de los pueblos, sino de la humanidad, y en la humanidad existen todos”, denunció Bisa para La República. 

PUEDES VER: Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

Un marco legislativo debilitado

Pese a ese contexto, iniciativas como la modificación de la Ley Forestal y de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; así como la eventual quinta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), entre otras, han significado grandes retrocesos en temas vinculados a la mitigación del cambio climático, según advierten organizaciones indígenas. 

Ahora, durante la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP30), que tendrá lugar en Belén do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, representantes indígenas del Perú podrán exponer sus demandas frente a esta desprotección.

Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) identificó perdidas de 602,022 hectáreas de bosques amazónicos. Las regiones con mayor impacto son Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. Asimismo, la organización estima que, en los últimos 22 años, se han deforestado cerca de tres millones de hectáreas de bosque amazónico húmedo, lo que equivale al 4,5 % de su extensión total. En términos comparativos, esta pérdida representa un territorio 11 veces mayor que el de Lima Metropolitana.

De acuerdo con Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, esta próxima conferencia internacional buscará incorporar en la agenda global la necesidad de garantizar el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, dado que su protección contribuye directamente a frenar la deforestación. Por ello, proteger la superficie boscosa resulta vital para garantizar la conservación y continuidad de quienes la habitan. Por lo que los líderes enfatizan que la participación de los pueblos originarios es indispensable. 

“La agenda climática indígena ha sido construida y propuesta desde el movimiento amazónico, y queremos demostrar que nuestro aporte a la protección de los bosques, los ríos y la biodiversidad es esencial para el equilibrio del planeta”, señaló Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo y responsable del Programa Bosques, Clima y RIA de Aidesep.

¿Y el Minam?

Por su parte, el Ministerio del Ambiente, cartera que dirige Miguel Espichán Mariñas, ha anunciado una ruta climática que se expondrá en la mencionada cumbre internacional. Esta abordaría tres puntos clave: seguridad hídrica y gestión de cuencas; financiamiento climático y mercados de carbono y avances en bionegocios y residuos sólidos. Ninguno relacionado con el deterioro del marco normativo. 

Los líderes indígenas no tienen una opinión favorable su labor. “Es un ministerio de que tiene en su responsabilidad la protección real del medio ambiente, pero que en la ejecución no existe. Jamás han tenido presencia en mi territorio, que tiene el 98% de sus recursos intacto, pero gracias al esfuerzo, sacrificio y el coraje de mi población”, explica Olivia Biza. 

PUEDES VER: PNP realiza megaoperativo en Polvos Azules: incautan 125 teléfonos de alta gama en más de 70 puestos de servicio técnico

Las narcopistas 

Según una investigación de Mongabay Latam y Earth Genome, se han identificado 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. La situación es especialmente crítica en Huánuco, Pasco y Ucayali, área conocida como el “triángulo de la muerte”, donde el pueblo kakataibo enfrenta la expansión de los cultivos de coca y la contaminación de sus bosques y ríos. De acuerdo con Aidesep, en esta zona han sido asesinados 15 líderes y habitantes indígenas en los últimos años.

Un coronel de la Policía Nacional del Perú, citado por la investigación, señala que los narcotraficantes pueden reactivar sus operaciones en solo una semana después de que una pista es intervenida. En muchas zonas, las comunidades indígenas conviven forzosamente con estas redes ilegales. La provincia de Atalaya, de acuerdo con información de Devida, concentra varias de estas pistas clandestinas, algunas asociadas a organizaciones criminales transfronterizas como el Comando Vermelho, de Brasil.

Para Nicolás Zevallos Trigoso, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, una explicación de la gran presencia de narcotráfico en la Amazonía se debe al  incremento de la demanda global, lo que ha permitido que las organizaciones criminales amplíen su capacidad de operación. Sin embargo, esto va de la mano a que en materia de “seguridad pública, esta no ha mejorado en general sus capacidades”, acota. 

PUEDES VER: Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Deforestación y minería ilegal

Un reciente informe del Proyecto MAAP revela que, hasta mediados de 2025, la deforestación vinculada a la minería de oro en el Perú alcanza las 139, 169 hectáreas, de las cuales el 97,5 % se concentra en Madre de Dios. Los ríos Nanay (Loreto), Cenepa y Santiago (Amazonas), donde habitan numerosos pueblos indígenas, figuran entre los más afectados por la proliferación de dragas mineras en sus cauces y cuerpos de agua asociados. Aunque el problema continúa en expansión, aún no está claro si será incorporado con la debida urgencia en la agenda internacional. 

En 2024, el Congreso modificó la norma emitida por el Poder Ejecutivo que permitía a la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenir la posesión ilegal de explosivos por parte de personas con inscripción suspendida en el Reinfo, lo que ha debilitado el objetivo de frenar la minería ilegal. Por lo que, para Martín Arana, ingeniero forestal y especialista en Gestión Territorial Amazónica de la Fundación FCDS, resulta imprescindible incluir en la COP30 la problemática de su avance e impacto en el cambio climático.

“No estoy seguro de que haya un planteamiento específico que se vaya a llevar a la COP. Ahí hay un tema crítico. Normalmente, cuando se habla de fuentes de emisiones, se menciona el cambio de uso del suelo por la deforestación en la Amazonía, asociado principalmente a actividades como la agricultura o la ganadería. Sin embargo, existen investigaciones que vinculan directamente la emisión de gases de efecto invernadero con la actividad minera, sea informal o ilegal”, acota. 

Contaminación petrolera 

En el Perú, de acuerdo con el Informe III sobre emergencias ambientales, pasivos y procesos de remediación entre los años 1997 y 2023 en el Perú, y reflexiones sobre alternativas energéticas, elaborado por Amazon Watch, Oxfam y otras organizaciones, desde que el Estado peruano empezó a registrar estos eventos se han contabilizado 1,462 contingencias hasta mayo de 2023, ocurriendo en su mayoría en la selva peruana y superpuestos a territorios indígenas, concentrando 831 derrames de petróleo en dichos territorios.

Según Naciones Unidas, el 74 % de los países de América Latina y el Caribe atraviesa eventos climáticos extremos. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que, pese a que la región solo genera el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, concentra zonas altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. 

El panorama resulta desalentador. En el contexto de la cumbre, el propio gobierno brasileño ha expresado su intención de habilitar territorios indígenas para la exploración de hidrocarburos. Para Marca Arana, “lo que tenemos son propuestas vinculadas con el tema climático, donde se ratifican los compromisos y por el otro vemos contradicciones para abordar la conservación: propuestas para la explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas o territorios en PIACI (...) la lista es larga”, añade. 

“Estamos solicitando que la Amazonía sea declarada libre de combustibles fósiles y reconocida como fuente de vida, no como zona de extracción petrolera, minera o gasífera. En mi territorio existen 120 comunidades que han soportado 50 años de actividad petrolera, y ninguna cuenta con acceso a agua potable. Resulta indignante que se siga calificando a los combustibles fósiles como sinónimo de desarrollo, cuando nuestra experiencia demuestra lo contrario”, finaliza la lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. 

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.