Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

El Perú atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo a la PNP y el Ministerio Público, solo en cuatro años, las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco, la victimización urbana aumentó a casi 30% y la percepción de inseguridad alcanza al 88% de los habitantes de las principales ciudades.

Con el fin de entender esta problemática y brindar una estrategia que permita revertir esta situación, José Luis Pérez Guadalupe, investigador del CIUP, y Lucía Nuñovero Cisneros, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (EGP), desarrollaron una propuesta de política pública.

 El estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, propone una reforma integral de la política criminal del Estado, que incluye la construcción de 20 nuevos penales y la creación de un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana.

La investigación, desarrollada en el marco de Agenda 2026, una iniciativa del CIUP, plantea que el país se encuentra en un contexto de “agudización de los niveles de inseguridad”, con la expansión y diversificación de las economías ilícitas como la minería aurífera ilegal, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la ciberdelincuencia.

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Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión -incluyendo el gota a gota virtual o el cobro de cupos digital- aumentaron de 4 mil a 22 mil, es decir se multiplicaron por cinco; igualmente entre 2020 y 2023 las denuncias por delitos informáticos aumentaron en más del 220%, principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa, según data de la PNP y el Ministerio Público recogida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Principal obstáculo es político

Los autores advierten que el principal obstáculo no es operativo, sino político: la fragmentación y descoordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sumadas a la deslegitimación institucional, impiden que el Estado reaccione de manera articulada.

“La lucha contra la inseguridad requiere más que leyes punitivas o medidas populistas: exige recuperar la institucionalidad y un liderazgo político capaz de unir visiones, esfuerzos y planificar políticas integrales de Seguridad Ciudadana a nivel nacional a largo plazo”, sostienen.

Tres ejes estratégicos

La propuesta de política pública propone un redireccionamiento de la política criminal a partir de tres ejes estratégicos:

1. Seguridad Ciudadana y Sistema de Justicia Penal. Los investigadores cuestionan el llamado “populismo punitivo”, es decir, la emisión de leyes reactivas que, lejos de fortalecer la seguridad, obstaculizan la lucha contra el crimen. En este sentido, sugieren revisar y/o derogar normas como la Ley N°32108 y la Ley N°32138, que modificaron el concepto de organización criminal.

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Además, plantean modernizar la Policía Nacional del Perú mediante una gestión más eficiente de su presupuesto para la optimización del mismo -superior a 13 mil millones de soles anuales- y con una estructura institucional estable.

“En solo cuatro años, el país ha tenido 15 ministros del Interior y cinco comandantes generales de la Policía, lo que ha mellado a la institución”, lamentó Nuñovero.

2. Gobernanza e Inteligencia Penitenciaria. El sistema penitenciario nacional enfrenta un hacinamiento estructural: existen más de 60 mil internos por encima de la capacidad instalada. Desde 2016 no se ha construido un solo penal nuevo, pese a que entre 2011 y 2016 se inauguraron diez.

Por ello, los autores plantean construir al menos 20 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad para 2 mil internos, además de reforzar el mantenimiento y equipamiento de los actuales.

 “También recomiendan contratar mil agentes penitenciarios adicionales por año, homologar sus remuneraciones y fortalecer la seguridad tecnológica en los penales, con sistemas de bloqueo de comunicaciones y videovigilancia”, precisó Pérez Guadalupe.

Asimismo, enfatizan la necesidad de implementar programas de prevención en justicia juvenil, enfocados en adolescentes en riesgo de deserción escolar, consumo de drogas o violencia familiar, para cortar las trayectorias delictivas desde su origen y evitar el reclutamiento por parte de bandas criminales.

3. Lucha Estratégica contra el Crimen Organizado y las Economías Criminales. Los investigadores proponen la creación de unidades élite de Inteligencia, Operaciones Especiales y Recuperación de Activos, que trabajen de forma coordinada entre la Policía, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros sectores estratégicos.

Estas unidades tendrían presencia prioritaria en zonas de frontera y regiones con alta incidencia delictiva, articulando esfuerzos con las Fuerzas Armadas.

Pacto Nacional

Finalmente, Pérez Guadalupe y Nuñovero proponen un “Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana”, liderado por el Poder Ejecutivo con una agenda conjunta con el Congreso, el Poder Judicial, la sociedad civil, las universidades y los gobiernos locales.

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 “La seguridad no se resuelve con más cárceles o más policías por sí solos, sino con inteligencia, coordinación y liderazgo. El Estado debe recuperar su capacidad de control y protección de los ciudadanos”, concluyen los autores.

Aporte al debate electoral

“ "Seguridad ciudadana y política criminal del Estado" es una de las 14 investigaciones propuestas en el marco de Agenda 2026 y están puestas a disposición de la ciudadanía y próximas autoridades de manera oportuna y gratuita en el portal agenda2026.up.edu.pe .